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Según el relato de Hernán Salinas, propietario del inmueble, todo comenzó en marzo de 2022, cuando Jocelyn-Holt comenzó a vivir en el departamente del sector oriente.
En una polémica de aquellas es la que tiene por protagonista al político Tomás Jocelyn-Holt, quien es acusado por deber una millonaria suma de dinero a raíz del no pago del arriendo del departamento donde vive en la comuna de Las Condes.
Pero esto no es todo, ya que a la deuda se suma una denuncia por agresión. Según el relato de Hernán Salinas, propietario del inmueble, todo comenzó en marzo de 2022, cuando Jocelyn-Holt comenzó a vivir en el departamente del sector oriente.
Tras realizar un mea culpa, Salinas confesó que jamás pensó que al tratarse de un personaje político, iba a estar involucrado en este problema.
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En este contexto, la deuda que tiene el exdiputado asciende a los 12 millones de pesos "decidimos arrendarle a él, por lo mismo, por lo que significaba la persona, que era conocido, etc. Pensamos que no íbamos a tener problemas", comentó Hernán Salina, propietario del departamento.
La víctima, detalló que ya al segundo mes de arriendo comenzaron los atrasos en los pagos y luego de un año, decidió terminar el contrato.
Y aquí viene el problema, por Tomás Jocelyn-Holt se habría quedado viviendo en el departamento, sin pagar ni un solo peso.
"De ahí en adelante, fue un dolor de cabeza porque nunca pagaba cuando correspondía. Pagaba de gotera, que $100 mil, que tuvo un problema, puras excusas, la verdad", comentó.
Pero la historia no termina ahí ya que la figura política no solo está en el ojo del huracán por la millonaria deuda, sino también por agresión hacia el dueño del departamento.
La agresión se puede verificar por medio de las cámaras de seguirdad del edificio "lo vine a ver porque me informaron que él estaba sacando sus cosas de a poco. Como él sabía que ya se aproximaba que lo vinieran a sacar con Carabineros, porque eso dijo la orden judicial", explicó.
Tras esta denuncia, Jocelyn-Holt fue detenido y quedó con orden de alejamiento a la víctima por 60 días, lo que durará la investigación.
