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Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró la discusión legislativa de iniciativas destinadas a sancionar graves incivilidades y acelerar la respuesta del Estado frente a conductas que afectan la convivencia y el orden público.
En el Congreso, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la importancia del proyecto de Registro de Vándalos, iniciativa comprometida por el Presidente de la República, José Antonio Kast, que busca establecer consecuencias para quienes atenten contra la propiedad pública o privada o alteren gravemente el orden público.
"El corazón de este proyecto es sancionar a quienes atentan contra la propiedad pública y privada o alteran gravemente el orden público", señaló Pavez, quien valoró que durante la tramitación se incorporen conductas como el maltrato animal y el vertimiento ilegal de residuos, manteniendo la coherencia del proyecto.
El subsecretario puso como ejemplos de las conductas que deben recibir una respuesta efectiva aquellas relacionadas con la quema o secuestro de microbuses, el uso de bombas molotov y el vandalismo contra monumentos históricos. Asimismo, destacó que el Gobierno ha impulsado criterios de proporcionalidad respecto de las medidas que puedan afectar beneficios estatales.
"Queremos avanzar en una legislación que permita que conductas graves que afectan la convivencia y el orden público no queden impunes", sostuvo.
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En relación con el informe de Contraloría que detectó funcionarios suspendidos en procesos disciplinarios que continúan percibiendo remuneraciones, Pavez señaló que se trata de una situación que "ciertamente no es deseable" y que requiere revisar el funcionamiento del actual sistema de empleo público.
Explicó que la legislación permite que, como medida cautelar, un funcionario investigado pueda ser suspendido con goce de remuneraciones mientras se desarrolla el procedimiento. Sin embargo, enfatizó que los sumarios no pueden extenderse injustificadamente.
"Lo fundamental es que las investigaciones concluyan con celeridad. Es atendible el cuestionamiento ciudadano ante dilaciones excesivas", afirmó.
El subsecretario valoró además que la Contraloría haya instruido a los servicios adoptar medidas para cerrar los procesos pendientes y recordó que el Gobierno cuenta con una comisión presidencial destinada a estudiar la modernización y mejora del empleo público, ámbito en el que también deberán abordarse estas situaciones.
