El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, exigió al Presidente Gabriel Boric que "corte el cordón umbilical con el octubrismo" y decrete una amnistía para carabineros investigados en procesos judiciales ligados al estallido social.
El edil planteó que La Moneda debe hacer borrón y cuenta nueva con "los carabineros que defendieron la democracia tras el 18 de octubre de 2019, otorgando indultos a los uniformados que han sido condenados y propiciando una Ley de Amnistía".
Además, Rodolfo Carter recordó los duros juicios contra Carabineros emitidos por figuras como el propio Boric, Camila Vallejo, Miguel Crispi, quienes pedían "refundar" la institución.
"Hoy el Presidente Boric parece haber cambiado. Va a los funerales, abraza a las viudas y más de una lágrima derrama. Si esas lágrimas son sinceras, si esos abrazos son sinceros, debe pasar de las palabras a los hechos. Y así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio", sostuvo Carter.
La sensible partida que golpea al alcalde Rodolfo Carter: "No será fácil"
El edil de La Florida despidió a quien fue su mano derecha en su último período como jefe comunal.
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"No fue una dictadura"
"Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros", enfatizó el alcalde Rodolfo Carter, para darles garantías de que puedan hacer su trabajo en las calles sin miedo a ser perseguidos.
"No hay ninguna institución que haya sufrido más con la violencia criminal que Carabineros de Chile", señaló el alcalde de La Florida al recordar a los últimos mártires de la institución.
"No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal", explicó, acusando un "activismo judicial de la ultraizquierda" que ha perseguido a los funcionarios desde 2019.