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La ex Mekano ingresó esta tarde al centro penitenciario de San Miguel para retomar su medida cautelar de prisión preventiva.
Carolina Tohá, ministra del Interior, informó que el Gobierno revocará 27 pensiones de gracia que fueron otorgadas a personas que mantienen antecedentes penales y que fueron consideradas como víctimas del estallido social.
Hay que considerar que de estas 27 personas, 21 fueron beneficiadas por la administración del Presidente Gabriel Boric mientras que las restantes 6 se entregaron durante el periodo de Sebastián Piñera.
La decisión de revocar dichas pensiones de gracia fue luego de revisar 69 casos de personas con antecedentes quienes eran beneficiados con dicha pensión.
Revisión
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En entrevista con Canal 13, la titular del Interior apuntó que el proceso de evaluación ya finalizó "esa evaluación terminó. La definición es que se están procesando ya, mandando a Contraloría las distintas carpetas con los decretos que dejan sin efecto un número total de 27 pensiones de gracia", puntualizó.
Agregando que "de esas 27, 21 corresponden a pensiones asignadas durante nuestro gobierno y seis corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del presidente Piñera".
En esta misma línea, Carolina Tohá explicó que "respecto de estos 69 casos donde había antecedentes penales ya se hizo la revisión completa, pasó por la Comisión, chequeo, y en definitiva el Presidente de la República, que tuvo la palabra final".
18 mil pensiones de gracia
Por otro lado, Carolina Tohá manifestó la petición del Presidente Boric de revisar todas las pensiones existentes, reconociendo que "ahora es más lento, porque son en total 18 mil, entonces es una tarea que va a tomar tiempo".
Esta revisión se da a raíz del informe emitido por la Contraloría General de la República, donde se expuso que 58 beneficiarios con pensiones de gracia por ser víctimas del estallido social, tienen antecedentes penales y delitos como abuso sexual o pornografía infantil.
A lo anterior, se suma que en el informe se enfatiza que hay otorgamientos que si bien no presentan antecedentes penales, tampoco médicos con el objetivo de respaldar el beneficio.
