La Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación a propósito de las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social de 2019.
Según un comunicado del Ministerio Púbico, el fiscal nacional Ángel Valencia inició las indagatorias para "analizar la posible comisión de delitos" en la entrega de estos beneficios.
A cargo de la investigación quedó Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
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Se verificó que de las 419 personas beneficiadas, 58 tienen antecedentes penales por condenas con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos.
"Dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas, dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal", agregaron.
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El ente persecutor hizo hincapié en que "la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos".
También se buscará saber si "incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas".
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58 de 419 beneficiados con pensión de gracia mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual y homicidio.