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A pocos días del trágico derrumbe en la mina El Teniente, que cobró la vida de seis trabajadores en Rancagua, las autoridades continúan evaluando responsabilidades y definiciones respecto del apoyo a las familias afectadas. En entrevista con Radio Cooperativa , la ministra de Minería, Aurora Williams, expresó su solidaridad con los deudos y explicó en detalle los pasos que está siguiendo el Gobierno en esta crisis.
"Las familias nos han manifestado no solo su dolor, también su rabia", comentó la secretaria de Estado, enfatizando que la principal preocupación hoy es esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, subrayó que ya están en marcha tres investigaciones: una por parte de la Fiscalía, otra a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) junto a la Dirección del Trabajo, y una tercera de carácter internacional impulsada por Codelco. "Nuestro compromiso es total para que estos procesos avancen con eficiencia, responsabilidad y celeridad", dijo.
Williams recalcó que el objetivo es determinar si las condiciones de seguridad eran las adecuadas y si se cumplía con la normativa vigente. "Eso es algo que las familias han expresado como esencial", señaló. Al ser consultada por versiones de trabajadores que advirtieron ruidos inusuales en los días previos al derrumbe, la ministra respondió que El Teniente cuenta con más de 130 sensores sísmicos y que existen protocolos frente a alertas de ese tipo. Sin embargo, reconoció que "si estamos frente a una situación de un accidente de esta envergadura con seis personas fallecidas, es claro que algo falló".
Respecto al tema de las indemnizaciones, la ministra aclaró que existe una responsabilidad directa de los empleadores, en este caso, la empresa contratista a la que pertenecían los operarios. "Hay seguros comprometidos y eso tiene que ver con los empleadores. En esa gestión nosotros no tenemos participación", explicó. No obstante, agregó que el Ejecutivo evalúa otras formas de apoyo dentro del proceso post rescate, tal como lo ha planteado el propio Presidente de la República.
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Según información recopilada por La Hora, cercanos a las familias han solicitado al Gobierno que se involucre de forma más activa en esta materia y esperan que también se asuma algún tipo de responsabilidad estatal en cuanto a compensaciones económicas.
La ministra también se refirió al marco legal actual, recordando que con la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos, desde septiembre del año pasado, se incorporó una nueva figura penal vinculada a accidentes laborales con resultado de muerte. En ese contexto, la Fiscalía estaría indagando si hubo cuasi delito de homicidio, lo que implicaría que Codelco deberá demostrar que cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas.
Mientras avanza la investigación y se analiza el eventual retorno a la faena, el Gobierno asegura que acompañará a los familiares durante todo este proceso. La reanudación de las operaciones dependerá de los informes técnicos del Sernageomin y de la Dirección del Trabajo, quienes evaluarán si existen las condiciones adecuadas para hacerlo.
