Horóscopo sábado 18 de enero: Predicciones de Yolanda Sultana
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El operativo tiene relación con la investigación iniciada en Iquique por el traspaso de dineros a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
La Policía de Investigaciones (PDI) llegó este jueves a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Santiago para realizar un allanamiento en el marco del Caso Convenios.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, iniciaron un procedimiento para allanar las dependencias del Minvu, en la comuna de Santiago.
El medio reveló que el allanamiento incluye dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y también de la oficina del Programa de Asentamientos Precarios.
En concreto, la indagatoria del caso es liderada por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, quien investiga presuntos delitos en los traspasos hechos por la Seremi de Vivienda de la región de Tarapacá a las fundaciones Enlace Urbano y En Red, por $728 millones en 2021 y por $1.060 millones en 2022, respectivamente.
En ese contexto, efectivos de la PDI se encuentran materializando una orden de entrada y registro, luego de que el Ministerio Público solicitara en reiteradas oportunidades información sobre los convenios, lo que no habría tenido respuesta por parte del Minvu.
Cabe consignar que el ministro de la cartera, Carlos Montes, se encontraba dentro del Ministerio a la hora del procedimiento.
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A través de un comunicado, el Minvu informó que se está "prestando toda la colaboración posible en el marco del procedimiento de registro de entrada e incautación que efectúa la Fiscalía de Tarapacá en el Ministerio".
“Desde el principio de este caso, y de manera proactiva, esta secretaría de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del Caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular“, aseveraron desde la cartera de Vivienda.
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De acuerdo a la postura de la ministra, esas indagatorias implican un gasto en perseguir a mujeres que, en la óptica de nuestro Gobierno, no debieran ser criminalizadas.
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