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La investigación, reunió los antecedentes sobre el indulto al exfrentista Jorge Mateluna y de 12 condenados por causas vinculadas al estallido social.
Durante la tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre los indultos particulares que realizó el Presidente de la República, Gabriel Boric.
La investigación, reunió todos los antecedentes sobre el indulto al exfrentista Jorge Mateluna, además de otros 12 condenados por causas vinculadas al estallido social de 2019.
"La tramitación de las solicitudes aquí en cuestión se ha sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente", señala la propuesta.
El director nacional del Servicio de Migraciones, también se refirió a la petición de su renuncia, lo que según sus palabras se lo ha tomado con "normalidad".
En esta misma línea, la propuesta apunta que "de la misma forma en que se ha venido haciendo en los últimos años y que constituye la práctica administrativa asentada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
Ahora bien, respecto a los informes emitidos por Gendarmería, se explica que "estos no son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes adicionales y el contexto en que se ejerce la atribución en análisis".
Añadiendo que "hay una inexistencia de irregularidades en la tramitación", ya que "desde el punto de vista de un examen legal, los decretos cumplen con todos los requisitos legales para producir sus efectos".
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En las conclusiones de la propuesta, se enfatiza que es necesaria la creación de una comisión de reforma a la institución del indulto, además de proponer que el Ejecutivo estudie posibles modificaciones a la ley 18.050 de indulto, para que así los informes sean revisados por un órgano colegiado.
Por otra parte y un punto no menor son las personas privadas de libertad que cuenten con condenas previas. Esto hace referencia a que la propuesta de indultos debe ser objeto de calificación por el órgano colegiado.
Ya para concluir, se recomienda elevar los requisitos de fundamentación de los actos administrativos que conceden indultos particulares para evitar que surjan controversias.
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