Concejal exige la salida de Juvenal Olmos de La Reina tras suicidio de funcionaria
Fernando Encina cuestiona la reacción del ex DT de la Roja y director de la Corporación de Deportes, una vez enterado de un caso de abuso sexual.
La causa tiene su origen en la demanda que presentó la educadora de párvulos Gabriela Villavicencio -representada por los abogados Claudio Fuentes y Ariel Rosse-, quien desde el año 2002 prestaba servicios en la escuela Emilia Lascar. En la presentación, la docente señala que desde el año 2016 comenzó a recibir una serie de hostigamientos públicos y privados por parte de la directora del establecimiento, lo cual le generó incluso complicaciones a nivel siquiátrico. Incluso, sus enfermedades fueron recalificadas como siquiátricas a profesional.
En la resolución del tribunal, de junio del año pasado, reproduce una serie de hechos que fueron parte de la denuncia, como por ejemplo que "durante la cuarentena sanitaria, el 25 de agosto de 2020, (Gabriela Villavicencio) debía entregar materiales a los apoderados de sus alumnos. Al llegar a la escuela, no se le permitió la entrada por parte de la Directora, quien la obligó a entregar los materiales en el frontis del estacionamiento; al lado de los contenedores de la basura".
En su resolución, el juzgado estableció que "ha podido observarse que la circunstancia del ejercicio de un liderazgo disfuncional por parte de la directora del establecimiento Emilia Lascar, gatilló en la actora padecimientos de orden psicológico, que fueron tratados por la Asociación Chilena de Seguridad, como dan cuenta los documentos reseñados y analizados en los considerandos precedentes".
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Como condena, el tribunal estableció que "se condene a la denunciada a pagar a la actora una indemnización equivalente a seis meses de la última remuneración mensual esto es, la suma de $5.477.460, y al pago de la suma de $2.000.000 por concepto de daño moral".
Sin embargo, estos dineros aún no han sido entregados a la profesora, motivo por el cual el tribunal -en su fallo de ayer- estableció que "no habiéndose cumplido con lo ordenado por resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, como se pide, decrétese el apremio consistente en arresto, por TRES DÍAS, respecto de don NIBALDO MEZA GARFIA, Rut 10.921.989-0 en su calidad de Alcalde representante de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR, si en el acto de su detención no exhibe Decreto Alcaldicio en el sentido de disponer los fondos y respectivo giro para el pago del crédito demandado en autos, por la suma de $7.483.442, más los reajustes, intereses y costas".
El abogado Claudio Fuentes indicó que "no tenemos otra pretensión que se cumpla el fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si eso implica que se arreste al alcalde, es parte de las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones judiciales”, afirmó.
El profesional añadió que "atentar en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores es muy grave. Se atenta, por parte de una Municipalidad, en contra de derechos básicos, lo que no puede ser aceptado", sentenció Fuentes.
