Fiebre del Mundial no es ajena a delincuentes: descarado robo de láminas terminó en balacera
El insólito hecho tuvo lugar en Estación Central y se habría tratado de una fallida compraventa.
Esta medida apuntaría sobre Carabineros y el General Chavan ya que se le impidió el derecho a informar.
Siguen los coletazos por la polémica protagonizada por Paulina de Allende Salazar. La periodista fue sacada de un punto de prensa de Carabineros en medio de la investigación por el caso del Cabo Daniel Palma.
Todo comenzó cuando la comunicadora trató de "paco" al mártir 1.233 de la institución. Lo que desencadenó en que el general Alex Chaván exigió que fuese apartada del punto de prensa respectivo. Esto finalmente provocó diversas polémicas en Mega, lo que concluyó con la salida de la periodista.
La periodista tuvo que rectificar sus dichos en medio de su cobertura en el matinal del Mucho Gusto de Mega.
Ante esta situación, se informó que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Según detalló el Diario Constitucional, dicha acción judicial fue realizada por el periodista Matías Rojas. El comunicador también sufrió con un episodio similar en 2017 cuando Chaván estaba a cargo del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros.
La periodista salió del departamento de prensa siendo aplaudida por sus colegas, quiénes la apoyaron en este difícil momento.
"Interrumpe el proceso informativo y discrimina a la profesional desde una posición de poder dominante frente a los presentes -al ejercer como representante y voz oficial de Carabineros-, todo lo cual implica un retroceso en materia de libertad de expresión", detalla el recurso.
Cabe consignar que Paulina de Allende Salazar ofreció sus disculpas tras lo ocurrido y recalcó que su error se debió a la situación de informar en vivo lo ocurrido. "Cometí un error, un lapsus que corregí de inmediato", explicó en su Instagram.
El insólito hecho tuvo lugar en Estación Central y se habría tratado de una fallida compraventa.
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El caso, que involucra a 184 niños y adolescentes cuyo paradero era desconocido, derivó en una investigación penal por eventuales delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho.