Fiebre del Mundial no es ajena a delincuentes: descarado robo de láminas terminó en balacera
El insólito hecho tuvo lugar en Estación Central y se habría tratado de una fallida compraventa.
El parlamentario del Partido de la Gente señaló que el crimen del cabo segundo David Florido fue la gota que rebasó el vaso y legislará para que regrese el castigo capital, que fue derogado durante el mandato de Ricardo Lagos.
Con los delitos de homicidio en aumento, y sobre todo después del asesinato del Cabo Segundo de Carabineros, David Florido Cisterna de 33 años en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el diputado Gaspar Rivas anunció que impulsará un cambio legislativo para reponer la pena de muerte.
"El asesinato a mansalva del Cabo Segundo David Florido Cisterna a mano de delincuentes es simplemente la gota que rebasó el vaso. La sociedad chilena ya está cansada de la violencia de los delincuentes y narcotraficantes'', indicó el parlamentario del Partido de la Gente.
Asimismo, Rivas agregó que impulsarán una medida para restablecer la pena capital en Chile: ‘’La próxima semana ingresaré una iniciativa legal en nombre de todas las víctimas inocentes del flagelo de la delincuencia para restituir la pena de muerte en el código penal, de donde nunca debió haber sido derogada hace 20 años por Ricardo Lagos Escobar", afirmó el congresista.
Desde el viernes pasado la localidad de Lagunitas, en Puerto Montt, se mantiene en tensión por la presencia de un felino de 8 meses que no ha podido ser atrapado por personal especializado.
La pena de muerte fue reemplazada por cadena perpetua (presidio perpetuo) bajó el artículo N.º 19.734, que ordena como castigo máximo el encarcelamiento por 40 años para que recién se pueda optar a beneficios carcelarios, tales como la libertad condicional.
Esta normativa entró en vigencia el año 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, luego de haberse hecho efectiva durante 126 años en Chile.
El insólito hecho tuvo lugar en Estación Central y se habría tratado de una fallida compraventa.
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El caso, que involucra a 184 niños y adolescentes cuyo paradero era desconocido, derivó en una investigación penal por eventuales delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho.