El caso, que involucra a 184 niños y adolescentes cuyo paradero era desconocido, derivó en una investigación penal por eventuales delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho.
La búsqueda de los niños haitianos que ingresaron a Chile bajo la modalidad de reunificación familiar y cuyo paradero se desconocía ha comenzado a mostrar sus primeros resultados.
Durante las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) informó el hallazgo de otros 25 menores de edad, cifra que se suma a los siete niños encontrados previamente en la comuna de Estación Central.
Los hallazgos representan un avance en una de las investigaciones migratorias más complejas de los últimos años, luego de que organismos del Estado detectaran que decenas de niños y adolescentes haitianos que ingresaron legalmente al país no pudieron ser ubicados en las direcciones registradas por sus supuestos tutores.
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El origen del caso
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La controversia se remonta a una revisión realizada por la Contraloría General de la República sobre procesos de reunificación familiar efectuados principalmente entre 2024 y 2025. El organismo detectó múltiples irregularidades en los controles y seguimientos realizados por distintas instituciones públicas.
Según los antecedentes que posteriormente llegaron al Ministerio Público, cientos de menores haitianos ingresaron al país mediante vuelos chárter autorizados bajo programas de reunificación familiar. Sin embargo, en numerosos casos surgieron dudas respecto de la documentación presentada, la identidad de los acompañantes e incluso la existencia de vínculos familiares efectivos con los adultos responsables.
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El Presidente José Antonio Kast también confirmó que pondrán los antecedentes a disposición de la Fiscalía para que "se exijan las responsabilidades que correspondan".
La investigación penal
Ante la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si detrás de estos traslados operó una red dedicada al tráfico de migrantes o incluso a la trata de personas.
La indagatoria también busca establecer eventuales responsabilidades de funcionarios públicos que pudieron haber participado o facilitado el ingreso de menores mediante el incumplimiento de protocolos de control migratorio. Entre las hipótesis que se analizan figuran delitos de cohecho, soborno y falsificación de documentos.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los antecedentes apuntan a una ruta que comenzaba en Haití, continuaba por República Dominicana y culminaba en Chile mediante vuelos especialmente contratados para el traslado de migrantes.