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La Comisión de Seguridad rechazó, por 4 votos a favor, 5 en contra y una abstención, incorporar al registro a condenados por fraude al Fisco, estafa y colusión. El Gobierno asegura que habrá otra ley para los delitos de "cuello y corbata", pero esa iniciativa todavía no está aprobada y sus sanciones son, por ahora, una propuesta.
¿Basta con dejarlos contenidos en otra ley?
La discusión por el llamado Registro de Vándalos dejó una imagen difícil de explicar: una persona condenada por determinadas conductas contra el espacio público podría quedar incluida en un registro especial, pero quienes sean condenados por delitos económicos no formarán parte de esa misma lista.
La Comisión de Seguridad de la Cámara rechazó esta semana una indicación del diputado Patricio Pinilla (DC), que buscaba incluir a personas condenadas por delitos como fraude al Fisco, estafa y colusión.
El resultado fue estrecho:
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- 4 votos a favor.
- 5 votos en contra.
- 1 abstención.
La decisión provocó la molestia del diputado Jaime Araya (PPD), quien acusó que el proyecto terminaría aplicando una vara distinta según quién cometa el delito.
"Si rayas un muro, entras al registro. Si defraudas al Fisco, coludes o robas con corbata, no. Qué conveniente", cuestionó Araya.
El parlamentario agregó: "Resulta que el daño al patrimonio público solo molesta cuando lo comete el pobre".
La comparación que encendió la polémica
Durante la discusión, el presidente de la comisión, Raúl Leiva (PS), respaldó la inclusión de los delitos económicos y sostuvo que algunas de esas conductas pueden causar un perjuicio social mayor que un rayado o un daño menor en el espacio público.
"La colusión, el fraude al Fisco o atentar contra la libre competencia y el orden socioeconómico son, sin lugar a dudas, un daño social en general mayor que un simple rayado", afirmó.
El punto planteado por los parlamentarios opositores es sencillo: si el Estado pretende crear un registro para identificar y generar consecuencias adicionales a personas condenadas, ¿por qué dejar fuera a quienes provocan millonarios perjuicios mediante fraudes, colusiones o malversación de fondos?
La crítica apunta a que el proyecto podría terminar siendo más severo con el infractor visible de la calle que con el condenado por delitos cometidos desde una empresa, una oficina o una posición de poder.
El Gobierno dice que habrá otra ley
El ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez, defendió el rechazo de la indicación y aseguró que los delitos económicos deben ser tratados en una iniciativa independiente.
"La norma de delitos económicos tiene su propia ley. No es pertinente incorporar en esta ley conductas que ya tienen sanciones", sostuvo.
El argumento oficial es que el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades busca abordar conductas que afectan el orden público, los espacios comunes y la convivencia, mientras que los delitos económicos tienen una naturaleza distinta.
Pavez añadió: "Este es un proyecto que busca castigar conductas relacionadas con dimensiones de orden público. Los delitos económicos son cosas distintas".
Eso, pese a que, según análisis alineados con los National Institutes, cuando se produce una colusión de precios en productos básicos (como el pan, los medicamentos o los pollos) o un fraude masivo al Fisco, se extraen miles de millones de pesos de la economía pública y familiar, el impacto real va mucho más allá de las cifras. El resultado directo es el empobrecimiento: el dinero rinde menos, el sueldo no alcanza para la canasta básica y el Estado cuenta con menos recursos para ayuda social. Socialmente, esta escasez genera desesperación, tensión y, en última instancia, conflictos en los espacios comunes por la subsistencia diaria, demostrando que la delincuencia de cuello y corbata es el detonante invisible de la violencia callejera.
El problema es que la llamada ley especial para los delitos de "cuello y corbata" todavía no existe. Lo que hay es un proyecto en tramitación.
¿Qué propone la ley especial?
La iniciativa corresponde al Boletín N.º 18.443-07 y busca crear un Registro Nacional de Condenados por Delitos Económicos.
El proyecto plantea que sean incorporadas las personas naturales y jurídicas condenadas mediante sentencia firme por delitos contemplados en la Ley N.º 21.595 sobre delitos económicos.
Entre las conductas que podrían activar la inscripción se encuentran, según el alcance de esa ley, delitos como:
- Fraude al Fisco.
- Cohecho.
- Colusión.
- Lavado de activos.
- Malversación de caudales públicos.
- Administración desleal.
- Estafa y otras defraudaciones.
- Delitos tributarios y contra el mercado.
La propuesta contempla que el registro sea administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y tenga carácter público.
¿Las penas serán realmente duras?
El proyecto sí propone consecuencias importantes, pero hay que decirlo con claridad: no crea por sí solo nuevas penas de cárcel para estos delitos. Tampoco está vigente y todavía puede ser modificado, rechazado o quedar detenido durante su tramitación.
Lo que propone son principalmente inhabilidades y restricciones posteriores a una condena firme, entre ellas:
- Suspender devoluciones de impuestos por un periodo equivalente al doble de la condena.
- Eliminar beneficios tributarios, créditos fiscales o exenciones.
- Impedir el acceso a subsidios, fondos concursables y transferencias públicas.
- Prohibir contratar con el Estado o participar en licitaciones.
- Impedir ejercer determinados cargos directivos en organismos públicos.
- Restringir cargos de alta dirección en bancos, aseguradoras, AFP, corredoras y otras entidades fiscalizadas.
- Bloquear créditos, refinanciamientos o avales de instituciones financieras estatales.
- Establecer restricciones para obtener o renovar licencia de conducir.
- Contemplar limitaciones para obtener o renovar pasaporte.
Sobre el papel, son medidas que pueden golpear directamente los privilegios económicos y profesionales de una persona condenada. Sin embargo, no se aplican hoy, porque el proyecto aún no es ley.
Por eso, calificarlo de "castigo ejemplar" sería exagerado. Por ahora es una propuesta que promete consecuencias administrativas y económicas, pero que todavía depende de una nueva votación parlamentaria y de superar eventuales controles constitucionales.
La iniciativa ya superó su primera barrera
La Sala de la Cámara aprobó la admisibilidad del proyecto el 8 de julio de 2026, con:
- 59 votos a favor.
- 45 votos en contra.
- 1 abstención.
Ese resultado no aprobó la ley. Solo permitió que la iniciativa pudiera seguir su recorrido legislativo.
El proyecto fue impulsado, entre otros, por los diputados Cristian Mella y Patricio Pinilla, y actualmente continúa en una etapa previa a la discusión definitiva de su contenido.
En otras palabras: el Congreso permitió que se discutiera la idea de crear un registro para condenados por delitos económicos, pero todavía no ha aprobado el sistema ni sus sanciones.
¿Una solución real o una salida para apagar la crítica?
La separación de ambos proyectos deja una pregunta incómoda: ¿la ley especial para los delitos de cuello y corbata será una herramienta efectiva o simplemente una forma de justificar que esos delitos quedaran fuera del Registro de Vándalos?
La respuesta dependerá de tres factores:
- Que el proyecto avance realmente y no quede archivado.
- Sus restricciones sean aplicables y no imposibles de ejecutar.
- Que se incorporen controles efectivos para impedir que los condenados sigan contratando con el Estado mediante sociedades, testaferros o empresas relacionadas.
El texto intenta abordar parte de ese problema al extender algunas inhabilidades a sociedades donde el condenado sea socio mayoritario o representante legal. Sin embargo, todavía no existe una evaluación definitiva sobre cómo funcionaría esa medida en la práctica.
También queda abierta la discusión sobre si corresponde restringir documentos como el pasaporte o la licencia de conducir después de una condena por delitos económicos. Esas disposiciones podrían enfrentar cuestionamientos jurídicos y deberán ser revisadas durante la tramitación.
El registro de vándalos sigue avanzando
En paralelo, la Comisión de Seguridad aprobó cambios al proyecto del Gobierno y redujo el catálogo de conductas contempladas originalmente. Las coberturas publicadas esta semana informaron que el listado pasó de 23 a 14 o 15 conductas, según la forma en que se contabilicen los delitos y subcategorías del texto.
La modificación principal del Ejecutivo fue aprobada por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
También se incorporaron conductas relacionadas con el maltrato animal y el traslado o depósito de desechos tóxicos, mientras quedaron fuera o fueron retiradas algunas amenazas, lesiones y homicidios vinculados a funcionarios públicos, debido a que ya cuentan con normas penales específicas.
La comisión aprobó además una indicación para incorporar el maltrato o crueldad animal con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
La pregunta que queda instalada
El Congreso todavía puede corregir el problema. Pero si el registro para condenados por delitos económicos no avanza, quedará instalada la sospecha de que el sistema es rápido para castigar al que raya una pared y mucho más lento para sancionar al que manipula un mercado, defrauda al Estado o perjudica a miles de consumidores.
Por ahora, los delitos de "cuello y corbata" quedaron fuera del Registro de Vándalos. La promesa es que tendrán una ley propia. Pero esa ley aún no existe, sus sanciones todavía están en discusión y nadie puede asegurar que llegue intacta al final del Congreso.
