Países Bajos puso a disposición de Chile a la prófuga ex alcaldesa Karen Rojo
La ex jefa comunal de Antofagasta ha cumplido parte de su condena en Europa, tras salir de Chile en 2022.
Lo que comenzó como una fuerte ofensiva de embargos de cuentas bancarias dirigida a deudores del CAE, hoy ha escalado a un escenario de alto impacto social. La Tesorería General de la República (TGR) intensificó sus procesos de cobro, ampliando las retenciones de fondos hacia las cuentas de comunidades de copropietarios y condominios por concepto de multas laborales impagas.
Esta situación mantiene en alerta a administradores y residentes, ya que el congelamiento de recursos -ejecutado de manera repentina y sin instancias previas de convenio- compromete gravemente la operatividad de los edificios.
La medida pone en riesgo el pago de remuneraciones del personal de conserjería, aseo, jardinería y seguridad, además de afectar compromisos con proveedores, mantenciones y servicios básicos esenciales para su funcionamiento.
"Pagar justos por pecadores"
Según datos de la Dirección del Trabajo (DT), actualmente cerca de 10 mil comunidades de copropietarios mantienen deudas con el Estado, lo que podría ampliar aún más la lista de embargos a nivel nacional.
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En Las Condes, por ejemplo, una comunidad recibió la notificación de una deuda superior a los $9 millones de pesos por una multa de la DT cursada en 2025, de la cual ni el comité ni la administración actual tenían conocimiento previo.
"Estamos ante un endurecimiento evidente de las cobranzas fiscales. El problema de fondo es que una persona jurídica -como un condominio- no tiene continuidad de gestión: cambia constantemente de comité, de administrador y de representantes", explica Eduardo Lara, abogado del estudio jurídico Alfaro y Madariaga (EJAM).
"Aplicar una sanción de forma imprevista sobre vecinos que no participaron en la conducta infractora, sin darles la oportunidad real de conocerla o impugnarla, es difícilmente compatible con el derecho a un procedimiento racional y justo garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución", puntualiza el especialista.
Para Lara, no se trata de eludir los compromisos financieros, sino que "el Estado distinga entre el deudor fraudulento y una comunidad de vecinos que simplemente no sabía que tenía una multa pendiente, ya que los recursos retenidos corresponden a fondos comunes de familias y no al patrimonio de una empresa con fines de lucro".
Soluciones disponibles
Ante un embargo en curso, el abogado de EJAM señala que las comunidades no están desprotegidas y deben activar las herramientas que el sistema ofrece hoy.
Por ejemplo, el Convenio bajo el Artículo 192 del Código Tributario, que faculta a la TGR para otorgar facilidades de pago de hasta dos años en cuotas periódicas respecto de impuestos y multas. "Aunque no suspende automáticamente el apremio, abre la puerta a un convenio que detenga el embargo", sostiene.
También existe la Acreditación de fondos esenciales, con el que las comunidades afectadas pueden concurrir a la Tesorería, acompañadas de su presupuesto mensual, contratos de trabajo vigentes y una carta del administrador, para certificar que los fondos congelados son la única fuente para el pago de remuneraciones.
Finalmente está el Recurso de Reposición por falta de notificación, "que aplica cuando la multa original fue cursada a una administración anterior sin conocimiento de la actual", indica Eduardo Lara.
"La idea es alcanzar convenios de pago más favorables antes de que se dicte una orden de embargo. Esperar o ignorar esta notificación es un error que puede significar un daño financiero muy difícil de revertir y peor aún generar que miles de trabajadores e inocentes paguen con su bolsillo las deudas que otros contrajeron", concluye el especialista del estudio jurídico Alfaro y Madariaga.
