Inacap informa identidad de alumno que murió electrocutado en plena clase
Centro de estudios suspendió las clases a raíz de la tragedia ocurrida en la sede La Granja.
Carolina Vega, exrectora del Instituto Nacional, rompió el silencio tras ser destituida por la Municipalidad de Santiago, luego de un sumario que la acusó de graves faltas a la probidad administrativa y negligencia en el ejercicio de sus funciones. En conversación con Radio Bío Bío, Vega defendió su gestión y afirmó que "se activaron todos los protocolos que correspondían" durante el episodio de violencia escolar que motivó la investigación.
La decisión municipal se enmarca en los hechos ocurridos en agosto pasado, cuando un estudiante de tercero medio fue agredido por un grupo de alumnos de cuarto medio al interior de una sala de clases. El ataque se habría originado tras la difusión de una funa en redes sociales.
El sumario administrativo concluyó que la entonces rectora no adoptó las medidas necesarias para proteger al estudiante, ni informó a la Dirección de Educación Municipal sobre lo sucedido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar. Además, el documento sostiene que no realizó la denuncia ante el Ministerio Público dentro del plazo legal de 24 horas.
Ante estos cuestionamientos, Vega aseguró que la institución actuó conforme a las normas: "El colegio reaccionó de manera pertinente, oportuna e institucional. Se hizo la denuncia el día que correspondía, con Carabineros y los padres presentes. Se tomaron todas las medidas necesarias", afirmó.
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La exrectora señaló que fue notificada recientemente de la resolución del sumario y confirmó que apelará a la sanción dentro del plazo legal. "Aún queda un proceso abierto", sostuvo, sin referirse a la situación actual del establecimiento.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó los hechos como "gravísimos" y explicó que la medida se propuso en el marco de la legislación docente. "Es una resolución que no está ejecutoriada. Aún quedan instancias pendientes", precisó, agregando que respeta el derecho de Vega a defender su postura.
El caso reaviva el debate sobre los protocolos de seguridad y responsabilidad institucional en los establecimientos públicos frente a episodios de violencia escolar.
