Hace unos días se desarrolló la "II Reunión de Directores Jurídicos y Contralores Internos de las Universidades del Estado", encuentro que reunió a representantes de casi todas las universidades estatales del país para abordar los principales desafíos normativos que enfrentan las instituciones educacionales del Estado.
La jornada tuvo como sus ejes centrales las nuevas exigencias establecidas por la Ley de Reajuste del Sector Público, presentado por Paula Moreno, Jefa del Departamento de Gestión y Asesoría Organismos Compradores de ChileCompra. .
Entre las materias analizadas, estuvo el futuro reglamento que deberá ser elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con los ministerios de Educación y Hacienda, el cual establecerá disposiciones relacionadas con contratos de construcción y mantención de obras públicas universitarias.
Asimismo, los asistentes resolvieron todas las dudas respecto a los criterios generales para futuras reglamentaciones vinculadas al reconocimiento de títulos otorgados en el extranjero y la validación de actividades curriculares.
El evento contó con representantes de distintas universidades estatales del país, tales como la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, UMCE, Universidad de Playa Ancha, entre otras.
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En total, asistieron más de 20 representantes, cifra que se mantiene dentro del promedio de participación de este evento que se realiza cada año.
Universidades estatales buscan modernizar su marco normativo
Para la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), Alejandra Contreras, uno de los principales desafíos se relaciona con la necesidad de adecuar las normas que actualmente rigen a estas instituciones.
"Las universidades estatales hace mucho rato venimos señalando la importancia de trabajar en conjunto con el Gobierno en una modernización de las reglas legales que rigen a estas instituciones", señaló.
Contreras explicó que gran parte de las normativas aplicadas a las instituciones de educación superior corresponde a reglas generales del sector público, pero que no necesariamente consideran las particularidades de la actividad universitaria.
"Son normativas que aplican al sector público en su conjunto, pero que no consideran las particularidades que tienen las universidades en términos de su función, que están llamadas a generar conocimiento, a desarrollar actividades de investigación, de extensión", sostuvo.
Según ella, esta situación puede generar mayores restricciones en un ámbito que requiere capacidad de adaptación y eficiencia ara competir dentro del sistema de educación superior.
En ese sentido destacó la importancia de reunir equipos jurídicos de las distintas universidades para identificar dificultades comunes y elaborar propuestas que puedan ser presentadas al Ejecutivo.
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ChileCompra y la búsqueda de mayor eficiencia
Además, Alejandra Contreras se refirió a uno de los temas tocados durante la reunión: El funcionamiento de ChileCompra y su impacto en los procesos administrativos, señalando que el sistema, a pesar de buscar mayor transparencia, también puede generar procesos más complejos y lentos, por lo que las universidades buscan optimizar su funcionamiento y avanzar en excepciones que permitan agilizar los procedimientos.
Finalmente, como balance de la jornada, destacó la importancia de mejorar la aplicación de las normas vigentes y evitar "trabas burocráticas" que dificulten la gestión de las universidades estatales.
"Tenemos que ser lo más eficientes posibles de que esa aplicación no se nos entrampe en burocracias, en tramites que no son los adecuados", concluyó.