Presidente Boric sobre prisión preventiva de Daniel Jadue: "En Chile no hay persecuciones políticas ni judiciales"

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber tras ser condenado de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa en el marco del caso Farmacias Populares.

En ese sentido, el mandatario, en conversación con CNN Chile, dijo "confiar en la justicia chilena" y aludió a que el jefe comunal debe "probar los argumentos" ante los tribunales y "no atacando a las instituciones". 

"Confío en el trabajo de la justicia chilena y en Chile las instituciones funcionan (...) y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país". 

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Hasta este viernes tiene para apelar a su prisión preventiva.

Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que "el alcalde Jadue, al igual que otros alcaldes imputados en diferentes casos que también han estado en prisión preventiva, tienen que defenderse ante la justicia y es ahí donde tienen que probar los argumentos, no atacando a las instituciones". 

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En tanto, al ser consultado por las repercusiones que podrían significar para el Ejecutivo la situación judicial del alcalde, Boric fue enfático en que "el Gobierno debe tener una posición muy clara respecto a esto y eso es que las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones".  

Opinión personal 

Por otro lado, el Presidente Boric reconoció tener "en general una buena opinión de la voz transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta, pero hoy día hay una causa en la justicia y se debe responder ante ella". 

Por último, indicó que "no he tenido comunicación (con Daniel Jadue) a propósito de este caso" y detalló que su último encuentro con el jefe comunal fue el año pasado a raíz de una actividad desarrollada en Recoleta.  

Cabe recordar que el militante del Partido Comunista se mantiene detenido tras ser considerado como un "peligro para la sociedad" por la jueza Paulina Moya.