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A casi un año de destaparse el escándalo del ''Caso Convenios'', la justicia ordenó la disolución de la fundación Democracia Viva, tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a una serie de irregularidades detectadas en su funcionamiento.
La acción, tomada por el 17.º Juzgado Civil de Santiago y la jueza María Isabel Reyes, sostiene que la fundación incumplió gravemente con sus estatutos y con los requisitos legales necesarios para mantener su personalidad jurídica.
En ese contexto, durante el proceso judicial, se reveló que Democracia Viva, liderada anteriormente por el exmilitante de RD, Daniel Andrade, presentó deficiencias en la gestión de su directorio, careciendo de las firmas requeridas en las actas y dejando de realizar sesiones obligatorias.
La sentencia también enfatizó en la ambigüedad del objeto social de la fundación y la falta de claridad en la definición de sus beneficiarios, así como en la insuficiencia del aporte social para cumplir con sus objetivos, según consignó Radio ADN.
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A su vez, se constató un "manejo inapropiado de los fondos", destinando la mayoría del aporte social a gastos constitutivos en lugar de su fin social.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, encargado de fiscalizar estas entidades, destacó que los convenios firmados por la fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta "no se alineaban con su objeto social", lo que derivó en un desvío significativo de recursos.
