El accidentado viaje de Rojo Edwards y Felipe Kast a Venezuela: Senadores fueron deportados
La delegación de la Cámara Alta chilena es una de las tres invitadas por la oposición para observar las elecciones que no pudieron entrar a ese país.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó investigar delito que afecta a familia de conocido empresario.
Una extorsión de película llegó a tribunales, luego que la Fiscalía investiga a un desalmado que exige $100 millones a la esposa de un empresario por no revelar que una de sus hijas no es de él.
El caso radica en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y el delito afecta a una familia de Lo Barnechea, comuna del sector oriente.
Según consignó BioBioChile, "los hechos iniciaron el 17 de febrero de 2024. Ese sábado —según la denuncia a la que accedió BBCL Investiga— Juan José arribó a su casa en Lo Barnechea, momento que aprovechó para recoger toda la correspondencia que llegó durante el día".
El Ministro de Hacienda, criticó al Consejo Superior de la Hípica nacional (CSHB), por su investigación en este acto irregular.
La misiva iba dirigida a la esposa del empresario y estaba firmada por unas iniciales.
La sorpresa fue enorme para el padre de familia, ya que al abrir el sobre encontró la foto de una de sus hijas, tres hojas impresas y una petición: el pago de $100 millones de pesos.
Obviamente, de no cumplir con las indicaciones el delincuente amenazaba con contar la verdad al marido engañado.
"En los papeles también hacía alusión a que sabía dónde trabajaba su esposo, quien ostenta el cargo de director de una empresa", aportó el medio.
Aunque la Fiscalía no existen los antecedentes suficientes para hablar de extorsión, el tribunal ordenó las pericias de todas maneras.
"El tipo penal no requiere la producción efectiva del perjuicio en el patrimonio, sino que basta la intención de causarlo", concluyó el Cuarto Juzgado.
La delegación de la Cámara Alta chilena es una de las tres invitadas por la oposición para observar las elecciones que no pudieron entrar a ese país.
El sentido de urgencia con las medidas de seguridad para implementarse fue la tónica que marcó la conversación.
Esta medida se tomó a la espera de que la condena del culpable por abuso sexual a menores quede ejecutoriada.