"¡Es un crimen!": Sorprenden a Marco Enríquez-Ominami comiendo un completo con tenedor y cuchillo
En redes sociales se desató un tenso debate sobre cuál es la manera correcta de comer un hot dog. Todo se trató de una ironía.
En junio de 2019, Constructora La Solución, firmó un contrato con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Chile, esto a raíz de una licitación para unas obras en la Residencia del Embajador, las que consistía en trabajos de paisajismo, riego tecnificado y la construcción de un muro perimetral. En esta contrato estaban involucrados casi una decena de interesados, entre ellos Rodrigo Darraidou, socio de La Solución.
Lo que parecía ser una gran oportunidad de negocios, terminó significando casi la lápida para una la Pyme chilena, pues Constructora La Solución estuvo apunto de quebrar a causa de esta licitación. Los problemas comenzaron con la pandemia por Covid-19, cuando la licitación quedó en el aire y no hubo noticias hasta marzo de 2022, cuando un coordinador de la Embajada, Omar AlShubaki, contactó a La Solución para ofrecerles la obra y comunicarle, a la constructora, que la propuesta había sido elegida.
Y fue así, como comenzaron diferentes reuniones para ir dando forma al proyecto. El 20 de junio 2022 se firmó un contrato por USD $2.641.784, en el documento se plasmó el presupuesto, una Carta Gantt por los 120 días que iba a durar el trabajo y todas las especificaciones técnicas. En la empresa chilena les extrañó que no se considerara ítems habituales en este tipo de licitaciones, como la existencia de un Inspector Técnico de Obra, por ende, La Solución lo planteó estos detalles pero la Embajada no accedió a ninguna de las peticiones, aún así y considerando el perfil diplomático del cliente, accedieron a firmar el contrato.
Síguenos en: 
Problemas
Los problemas comenzaron cuando la Constructora recibió trabajos que no estaban dentro del contrato; el arreglo de una camioneta, una mudanza y el arriendo de una bodega por varios meses, los que hicieron encender las alarmas a la empresa chilena. A raíz de estos problemas, la Embajada decidió a contratar A Raúl Ducci, Inspector Técnico de Obras.
Por otra parte, los pagos comprometidos no llegaban y siempre había alguna excusa para justificar los atrasos, a pesar de esto, los trabajos adicionales no dejaron de llegar y fue así que hubo un total de 11 trabajos extras a lo mencionado en el contrato, los que provenían principalmente de Hamad Ahmed Alnuaimi, encargado de negocios de la Embajada de EUA en Chile y de Omar AlShubaki.
Dado las exigencias, el plazo propuesto en un principio era imposible cumplir dado a los trabajos extras que la constructora recibía, es por esto que se extendió hasta el 28 de febrero, renegociación que fue aprobada por Omar AlShubaki. Cinco días antes de que se cumpliera, y justo mientras uno de los socios negociaba con el banco la prórroga acordada, la Embajada hizo efectivo el cobro de las boletas de garantía, aduciendo el incumplimiento de los plazos estipulados en el contrato.
El 1 de marzo, cuatro días después de terminar oficialmente la relación entre las partes, la Embajada contactó directamente a la empresa Atika y pidió que le despacharan materiales avaluados en $30 millones, que habían sido pagados por La Solución, aduciendo que estaba autorizado por la constructora, cuestión que estos niegan.
Acciones legales
Constructora La Solución puso a sus abogados en contacto con los representantes jurídicos de la Embajada para buscar una salida amistosa, pero no hubo acuerdo.
Luego de cumplir las diferentes etapas estipuladas en el contrato para resolver las diferencias, Constructora, representada por Benjamín García Mekis y Tomás Ruiz-Tagle Barros, presentó el 30 de junio una acción ejecutiva para el cobro de facturas adeudadas. La estrategia también considera una eventual acción civil con el objetivo de que se declare la ilegalidad detrás del cobro por parte de la Embajada de las boletas de garantía extendidas por La Solución y que la Embajada pague a La Solución los perjuicios provocados como consecuencia de la terminación ilegal del contrato.
Se exigirá el pago de una deuda de USD $1.550.000, este monto se desglosa de la siguiente manera: USD 668.000 por operaciones no facturadas, USD $508.000 por facturas aprobadas y no pagadas y USD $374.000 por boletas de garantía cobradas.
