Tras la vocería de la ministra Camila Vallejo, la oposición redobló esfuerzos y exigió revocar los indultos, ya que la vocera de Gobierno reconoció irregularidades.
Chile Vamos presentó una acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, debido a las irregularidades en los indultos presidenciales entregados a 12 detenidos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.
Tras la vocería de la ministra Camila Vallejo, la oposición redobló esfuerzos y exigió revocar los indultos, ya que la vocera de Gobierno reconoció que si el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, hubiese tenido todos los antecedentes "la situación hubiese sido distinta".
Según lo expuesto por la ministra Camila Vallejo se fijaron dos criterios de carácter político, especificando que el segundo criterio establecía que "se excluyeran a personas que tuvieran antecedentes complejos previo al estallido y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió".
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Las declaraciones de la vocera de Gobierno complicaron aún más la polémica y Chile Vamos presentó un documento de 105 páginas, argumentando que "entre el grupo de indultados se encuentran al menos 7 casos que constituyen una infracción a la ley, en distinta medida".
En ese sentido, lamentaron la "falta de control jerárquico de la exministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur, contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente".
Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, comentó que hay una "ilegalidad clara en los indultos y segundo en los beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur".
"Se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que habían cometido graves delitos, dejando expuesta a la ciudadanía, producto de que no se consideraron los antecedentes, como hoy reconoce abiertamente la ministra Vallejo, por lo tanto, la peligrosidad de esa decisión deja al descubierto e indefensas a un país completo que tiene que pagar por una decisión mal tomada por el Presidente y la ministra", expuso Andrés Longton.
Por otro lado, el diputado Diego Schalper, aseveró que "si los indultos siguen en pie, la verdad que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad".
