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De esta manera, en el frontis de la Municipalidad de Santiago sólo quedaron la bandera chilena y de la comuna.
La acción judicial pretende imputar el delito de encubridor de los crímenes de lesa humanidad.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones presentaron una querella contra Sergio Mico, ex director del Instituto de Derechos Humanos.
Según lo expuesto, la acción judicial tiene como objetivo imputar el delito de encubridor de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido social.
Lo anterior, debido a que Sergio Micco relativizó las violaciones de Derechos Humanos al declarar que "conceptualmente, la violación sistemática de los Derechos Humanos, supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tiene el objetivo de violar los Derechos Humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto te diría que no".
"No hay antecedentes, y hasta el día de hoy no los hay, de que el poder Ejecutivo organizó, planificó y ejecutó a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros un ataque masivo a la población chilena, garantizando la impunidad", declaró el ex director del Instituto de Derechos Humanos.
Ante los cuestionamientos de un grupo de consejeros, decidió dar el paso al costado de la plana administrativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Frente a sus declaraciones, señalan que la conceptualización entregada por el exdirector del INDH "dista mucho de ser seria y dista tanto de su contenido al momento que se estaban desarrollando importantes violaciones a los derechos humanos, cuestión registrada por la misma institución de la cual era director".
Agregando que "es inadmisible que pudiera alegar ignorancia o desconocimiento de dicho concepto, dada la misma calidad de director que ostentaba".
Los querellantes aseguran que estas declaraciones tienen el objetivo de "impedir que las violaciones a los Derechos Humanos constatadas y registradas por el INDH, sean calificadas como Crímenes de Lesa Humanidad, y por lo tanto que los responsables directos y los superiores sean juzgados de conformidad a la Ley 20.357".
Por otro lado, la acción judicial contempla otra declaración de Sergio Micco: "No me vengan con cuentos, yo estuve ahí y en parte enfrenté eso, porque sabía que si decía que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en ese mismo momento le iba a poner la firma a que el Estado de Chile se había transformado en ilegítimo desde un punto de vista democrático".
Por último, los querellantes argumentan que "en virtud del principio de Igualdad ante la Ley, todas las personas partícipes en la comisión de crímenes contra los Derechos Humanos, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, deben comparecer ante la justicia, sobre todo quienes, teniendo la más encomiable de las misiones, esto es, promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente los de las víctimas, vulneran su mandato legal, incumplen flagrantemente su deber y tuercen su misión institucional para acomodarla a la protección de los victimarios".
Sergio Micco presentó su renuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a que cinco consejeros del organismo exigieron que dejara la institución.
De esta manera, en el frontis de la Municipalidad de Santiago sólo quedaron la bandera chilena y de la comuna.
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