El pasado 1 de julio, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de ley presentado por el gobierno que busca modificar la Ley N.º 20.129 —que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior—, con el fin de establecer nuevos requisitos técnicos, periódicos y basados en evidencia para el ingreso a las carreras y programas de pedagogía. Esta negativa implica que el proyecto pasará ahora a discusión en Sala, donde, en caso de ser nuevamente rechazado en general, no podrá volver a ser presentado en el plazo de un año.
La iniciativa legal tenía por objetivo establecer un sistema que definiera condiciones de ingreso más pertinentes y ajustadas a las necesidades del país, considerando tanto la evidencia disponible como los requerimientos de formación docente por especialidad. Si bien se reconoció durante el debate parlamentario la necesidad de abordar el problema del déficit docente desde una mirada integral —incluyendo factores como la deserción de docentes noveles—, el rechazo generalizado a legislar representa, desde una perspectiva técnica y estratégica, una decisión desacertada que contribuye a profundizar el problema.
El sistema enfrenta un doble desafío: atraer estudiantes con potencial y vocación docente, y garantizar estándares mínimos de ingreso que favorezcan una formación profesional de calidad. Negarse a legislar sobre este punto implica perpetuar un sistema que no logra conjugar ambas exigencias, debilitando los esfuerzos por revalorizar la profesión docente.
Al observar los datos recientes sobre el ingreso a pedagogía en 2025, se constata que un total de 13.288 personas se matricularon en estas carreras, 11.584 de ellas lo hicieron a través del sistema de postulación centralizado. El 75% accedió a su primera preferencia, el 87% lo hizo en su primera o segunda, y el 93% en alguna de sus tres primeras preferencias, lo que sugiere una alta motivación por ingresar a la docencia. Sin embargo, al contrastar estos datos con los requisitos establecidos en la Ley 20.903 —que exige cumplir al menos uno de tres criterios de mérito académico— se observa que sólo un 51% de quienes se matricularon los cumplió.
Más preocupante aún, el 59% de las matrículas correspondió a estudiantes cuyo rendimiento en pruebas obligatorias se situó en el percentil 60 o inferior. La concentración de matrículas en los percentiles 40, 50 y 60 da cuenta de un patrón sistemático que no necesariamente se alinea con los niveles esperados para enfrentar con éxito una formación exigente y de alta responsabilidad social como la pedagógica.
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Frente a este escenario, los Programas de Acceso y Formación a Pedagogía (PATP) —creados a partir de la Ley 20.903 e implementados por las universidades desde 2017— han permitido ampliar las vías de ingreso con foco en el desarrollo vocacional, brindando acompañamiento académico y socioemocional desde la enseñanza media y durante los primeros años universitarios. A diferencia de los ingresos regulares, estos programas no exigen puntajes específicos en pruebas estandarizadas, pero sí una participación formativa intensa previa a la admisión.
Estudios recientes realizados por el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile han mostrado que quienes ingresan por esta vía presentan mayores niveles de motivación docente, autoeficacia académica y, lo más relevante, mejores tasas de retención en comparación con sus pares ingresados por vía regular. Estos datos refuerzan la necesidad de establecer un sistema de admisión más comprensivo, que combine criterios de mérito académico con mecanismos de orientación vocacional y acompañamiento, como los que promueve la reforma rechazada.
El debate parlamentario debiera basarse en evidencia y no en percepciones generalistas. La falta de docentes en Chile no se resolverá simplemente flexibilizando requisitos ni perpetuando el statu quo. Tampoco puede lograrse ignorando las buenas prácticas desarrolladas por las propias instituciones formadoras. Lo que se requiere es legislar con inteligencia, considerando la totalidad del problema, pero sin sacrificar el ingreso a estas carreras de jóvenes que tienen interés en convertirse en docentes.
En este sentido, rechazar la idea de legislar es una mala decisión. Es renunciar a la posibilidad de contar con una herramienta normativa que contribuya a mejorar tanto la calidad como la equidad en el ingreso a pedagogía. La responsabilidad política y técnica, en un contexto de escasez de docentes y debilitamiento de la profesión, exige actuar con visión de futuro. Legislar no es sólo una opción: es una necesidad ineludible para garantizar que quienes formen a las futuras generaciones cuenten con las condiciones óptimas para hacerlo.
