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La quiebra de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) a causa de pasivos por más de US $60 millones demuestra la magnitud de la crisis económica que afecta al rubro de la construcción. Al mismo tiempo, abre un debate respecto a cómo este tipo de eventos financieros afecta de manera distinta a grandes empresas, pymes y a ciudadanos comunes.
Su caso se suma al de otras firmas del sector con problemas similares en los últimos meses, entre ellas La Cruz Inmobiliaria, el Grupo Sencorp, VivoCorp, Inmobiliaria Las Magdalenas, Beltec y ahora B+V Limitada.
Se estima que el término de las operaciones de CVV, constructora nacida en Concepción, dejará a más de 2 mil 500 personas sin trabajo. Esta quiebra no solo los afecta a ellos, sino que generará un efecto dominó sobre toda su cadena de suministros: proveedores, contratistas, pequeñas constructoras y, por cierto, a toda su dotación de empleados.
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Esto lleva a que muchas familias, como consecuencia, puedan verse enfrentadas a la misma situación de insolvencia que las grandes corporaciones de la que obtenían el sustento como trabajadores directos, prestadores de servicio o proveedores.
Mientras las grandes empresas acuden a salvatajes pagados por los contribuyentes o disponen de grandes estudios jurídicos para minimizar los impactos de la catástrofe, los ciudadanos comunes y los pequeños y medianos emprendimientos enfrentarán un desafiante escenario financiero en el corto plazo.
El panorama es complejo, porque para las personas y las pymes hoy no existen ayudas de ningún tipo. Y todo se da en medio de un ciclo recesivo de la economía y una crisis a nivel país que, por ejemplo, nos tiene con una inflación superior al 10% y serios impactos sobre el mercado del trabajo.
[caption id="attachment_26028" align="aligncenter" width="1200"] Ricardo Ibáñez es abogado y socio de Defensa Deudores.[/caption]
Cuando una gran corporación quiebra, como mucho, es su marca la que se ve más afectada. De hecho, con el paso del tiempo, sus responsables –ejecutivos y empresarios– suelen ser mostrados como individuos capaces de sobreponerse al fracaso para seguir aportando al país.
Si bien la quiebra de firmas de esta envergadura deja enormes coletazos a toda la economía, las personas naturales y pymes también tienen la misma alternativa. Y en este sentido, la liquidación, respaldada por la legislación que opera en Chile desde 2014, es una opción de carácter universal, útil para todos.
Ante ese escenario es importante que todas esas personas que podrían verse en situación de insolvencia financiera, es decir, que después de quedarse sin trabajo sus deudas comiencen a superar ampliamente sus ingresos, sepan que también existe una salida para ellos.
El primer paso es informarse acerca de las herramientas legales disponibles, porque estas alternativas no solo le permitirán encontrar una solución legal al problema de endeudamiento, sino también los lleva a transitar por un camino que los debería conducir a la anhelada rehabilitación financiera.
