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La expresidenta argentina también recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A través de la Dirección General de Aduanas, el Gobierno de Daniel Ortega anunció la restricción de cámaras y aparatos de grabación.
Este miércoles el Gobierno de Nicaragua ordenó la restricción para los turistas, quienes no podrán ingresar al país con cámaras fotográficas y de video, además de luces, accesorios de grabación de sonido y binoculares de visión nocturna, ya que estos últimos son solo de uso de la policía y el Ejército nicaragüense.
Según una circular de la Dirección General de Aduanas (DGA) con fecha 16 de enero, indica que “es restringido el ingreso al territorio nacional de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras bajo el régimen viajero”.
Sin embargo, los turistas que quieran ingresar con alguno de estos aparatos, deberá contar con un "aval" de la Cinemateca Nacional. Este permiso deberá ser presentado al momento de entrar al país a la autoridades aduaneras correspondientes, quienes serán las responsables de supervisar "el ingreso de este tipo de mercancías en el régimen de importaciones temporales con reexportación en el mismo estado de sistema aduanero".
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“El viajero al momento de su ingreso al país, solamente puede introducir como parte de su equipaje, un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista. Las cantidades superiores a las permitidas estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables” indica la circular de la DGA.
En octubre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la ley que acuerda que la Cinemateca Nacional de Nicaragua será la encargada de aprobar toda el material y producción fílmica dentro del país, incluso desde la preproducción de los proyectos.
El régimen de Ortega Murillo reformó esta ley con el propósito de que las piezas audiovisuales y cinematográficas que se hagan en el país "aporten a la cultura de paz, de valores y de respeto (...) e incentiven la proyección de la imagen del país al mundo".
Medios de comunicación opositores al Gobierno de Daniel Ortega consideran esta medida como un acto de control, represión y censura, el cual atentaría directamente contra la libertad de prensa.
La expresidenta argentina también recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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