• 05 NOV DE 2026

"Me bloqueó el WhatsApp": ex trabajadora de la empresa de Pancho Saavedra reclama pago de su finiquito

Pancho Saavedra enfrenta lío judicial | X

Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la investigación penal iniciada contra Carol Silva Trivique, a raíz de una querella presentada por Servicios Profesionales Saavedra Guerra SpA.

Una ex trabajadora de la empresa de Pancho Saavedra, tendría entre las cuerdas al animador de televisión, luego que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretara el sobreseimiento definitivo de la investigación penal iniciada contra Carol Silva Trivique, a raíz de una querella presentada por Servicios Profesionales Saavedra Guerra SpA.

En la querella se habrían imputado los delitos de falsificación y uso malicioso de certificados médicos, aun cuando la implicada contaba con una discapacidad acreditada.

Según se especifica "en mayo de 2026, la Fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo. El tribunal lo decretó en octubre del mismo año, pese a la oposición de los querellantes, fundado en el artículo 250, letra a), del Código Procesal Penal, el cual establece el sobreseimiento definitivo cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito. A pesar de la declaración del tribunal, los querellantes decidieron apelar".

Se presentó 12 días después de la demanda laboral

De acuerdo al relato de Carol Silva, su desvinculación de la empresa representada por Saavedra se produjo el 18 de diciembre de 2024, apenas un día después de finalizar su última licencia médica oftalmológica. Para entonces, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones ya había reconocido una incapacidad global del 56%, mediante una resolución que quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2024. Más tarde, la COMPIN también certificó su discapacidad de origen sensorial visual severa.


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Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la propuesta de finiquito que recibió equivalía a solo un 30%, el que a su vez fue ofrecido en 8 cuotas.

Ella habría rechazado ese porcentaje ante la Inspección del Trabajo, organismo que citó a los involucrados a una audiencia de conciliación en enero de 2025. Tras no llegar a un acuerdo en dicha instancia, Carol decidió presentar una demanda laboral el 1 de abril del mismo año.

"Mi actitud siempre fue actuar de frente y abriendo las puertas al diálogo. El 3 de abril de 2025 llamé a Francisco Saavedra para avisarle personalmente que habíamos ingresado la demanda laboral con fecha 1 de abril, porque los plazos legales se vencían tras no llegar a ningún acuerdo y, de lo contrario, la deuda del finiquito prescribía", indicó Silva.

"Le ofrecí explícitamente resolver esta situación entre nosotros para evitar un conflicto judicial, porque yo no quería que termináramos en tribunales, pero su reacción fue de molestia", continuó.

Silva luego declaró que el 17 de abril de 2025 le habría escrito un WhatsApp al periodista, luego de enterarse de que ya habían sido notificados, presentando nuevamente la posibilidad de solucionar la situación en buenos términos.

"Saavedra respondió con un mensaje indicando que se sentía amenazado y luego de eso me bloqueó. Lo más decepcionante de su actitud fue que en ese último diálogo nunca me dijo que apenas cuatro días atrás, el 13 de abril, su empresa había interpuesto una querella criminal en mi contra. Mientras yo insistía en una salida amable y legítima, su empresa ya había presentado una acción penal en mi contra, lo que yo entendí como una respuesta a mi demanda. Aún tengo ese registro en mi WhatsApp", declaró.

La controversia no tardó en alcanzar notoriedad pública luego de que la abogada del animador diera declaraciones a la prensa respecto al caso. Los dichos posicionaron el nombre de Silva en los medios de comunicación, vinculándola a irregularidades en licencias médicas y cuestionamientos por viajes al extranjero.

"Tras un análisis completo del caso, la defensa del animador habría constatado a través de las redes sociales de Carol Silva, que durante el tiempo que presentó licencias médicas, se encontraba de vacaciones fuera de Chile, instancia donde recibía el subsidio de su isapre", constata por ejemplo Biobío Chile en junio de 2025.

Por su parte en entrevista con LUN, la abogada de Saavedra, María Soledad Ramírez, dijo que  "cuando una persona está con licencia médica por mucho tiempo, el empleador, al menos Pancho, se preocupó. Él había recibido algunos comentarios, como que parece que ella andaba de vacaciones. Y la verdad es que prácticamente ella estuvo todo el tiempo (de su contrato) con licencia médica y las funciones por las cuales fue contratada, ya no las realizaba".

Frente a este escenario, Silva declaró que: "Lo que comenzó como una reclamación por mis derechos laborales terminó convirtiéndose en una investigación penal en mi contra"

Posteriormente, en julio del mismo año lo hizo su oftalmóloga tratante. Según consta en la carpeta investigativa, la doctora abrió las puertas de la clínica a la BRIDEC, a la que entregó los antecedentes clínicos de sus diagnósticos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, tanto en Chile como en el extranjero.

Por su parte, la declaración de Servicios Profesionales Saavedra Guerra SpA - la empresa querellante - ante la BRIDEC se concretó cerca de 10 meses después, a través de su contadora, quien, según el informe policial, no aportó nuevos antecedentes a la investigación.

"No voy a aceptar que me amordacen"

A casi dos años del despido, Silva asegura que sigue sin recibir su finiquito y que la única propuesta que recibió le resultó inaceptable. "El único acercamiento real ocurrió en enero de 2026, a más de un año de mi desvinculación de la empresa de Francisco Saavedra. En esa fecha, el abogado de la empresa nos contactó vía correo electrónico a través de mi abogado laboral", declaró la productora.

De acuerdo a lo relatado, el correo contenía una oferta económica para no ir a juicio, pero bajo condiciones que consideró inaceptables."La propuesta incluía firmar un contrato de confidencialidad del acuerdo y de todo intercambio pasado entre Francisco Saavedra y yo; con una valoración anticipada de perjuicios de 2.000 UTM (más de 130 millones de pesos) en caso de que yo me refiriera a él; renunciar a cualquier tipo de acción civil futura; y, finalmente, comprometerme a la destrucción material de cualquier tipo de comunicación existente entre Francisco Saavedra y yo", reveló.

"Claramente rechacé la propuesta. No voy a aceptar que me amordacen por el solo hecho de exigir el pago de mis derechos laborales. Esa fue la última vez que supe de ellos en el ámbito laboral", sentenció.

A la espera de una pronta solución, Silva asegura que sigue sin recibir su finiquito. El juicio laboral está fijado para el 26 de enero de 2027, luego de que se reprogramara la audiencia de juicio fijada originalmente para el 14 de abril de 2026, a causa de un recurso interpuesto por la empresa de Saavedra ante el Tribunal Constitucional.

Y es que para Carol Silva esta cuestión va más allá: "Las discapacidades invisibles merecen ser respetadas y comprendidas. La inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad no pueden limitarse solo a una campaña, discursos o apariciones públicas. La verdadera inclusión también debe manifestarse en el trato cotidiano y en las decisiones laborales que ocurren al interior de las empresas, aun cuando las cámaras de televisión se encuentran apagadas. No busco venganza ni un enfrentamiento mediático; busco justicia", cerró.