Rechazan show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Viña del Mar: se tomó medida de emergencia
La empresa a cargo del espectáculo no cumplía con el etiquetado de seguridad exigido.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, ofició a la ministra de Salud, María Begoña Yarza y a la Contraloría para que se indaguen hechos referidos al “Servicio de Toma de muestra PCR Covid-19” en aeropuertos.
En el documento, el parlamentario se refirió a la medida de prevención que se implementó el 8 de diciembre.
“Cabe señalar que el costo de esta estrategia fue asumido íntegramente por el Estado, ya que la aplicación de las pruebas era gratuita para el pasajero, a diferencia de países como los Estados Unidos donde el valor de la realización de estos test era asumido por el viajero”, se lee en la denuncia.
“Más allá de las millonarias cifras, llama la atención que la aplicación y procesamiento de las pruebas PCR antes señaladas hayan sido adjudicadas, mediante trato directo y no por licitación pública, a las empresas Bionet S.A y TAAG Genetics para procesar las muestras obtenidas”, denunció Celis.
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“Revisadas las órdenes de compra (OC) efectuadas a la empresa Bionet S.A por parte de instituciones públicas, fue posible constatar la existencia de 501 órdenes de compra (...) los cuales alcanzan un monto total de $16.668.260.623”, informa el oficio.
"A mayor abundamiento, muchas de estas Órdenes de Compra fueron adjudicadas a través de la fórmula “Compra Emergencia, urgencia o imprevisto” utilizada como fundamento del “trato directo”, añadió Celis.
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Diputado de RN oficia a Contraloría y Minsal
“En razón de lo anteriormente expuesto solicito al Señor Contralor General de la República, se instruya una investigación de los hechos antes detallados con el fin de determinar si en la adjudicación mediate trato directo del “Servicio de Toma de muestra PCR – COVID-19” a las empresas Bionet S.A y TAAG Genetics, por parte de distintos servicios públicos y en particular por la Subsecretaría de Salud Pública, ha existido un “racional uso de los recursos públicos” o, por el contrario, se ha vulnerado el principio de probidad administrativa”, expone el documento.
Agregando que “de haber ocurrido esto último solicito se hagan valer las responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales que correspondan”.
El diputado Andrés Celis solicitó “a la señora Ministra de Salud informe en detalle las compras públicas realizadas por su cartera a contar del 11 de marzo de 2022, con indicación del monto de cada una de ellas, proveedor beneficiado, fecha del respectivo contrato y orden de compra, servicio o productos adquiridos, y modalidad de compra (licitación pública/trato directo) utilizado”.
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