El CUECH releva acciones por posibles efectos de crisis financiera en la Educación Superior Pública ante recortes en el Presupuesto 2027
En su plenario de octubre el CUECH anunció un trabajo conjunto y en estado de alerta desde Arica a Magallanes.
Frente a la propuesta presupuestaria que el Ejecutivo presentó al Parlamento para 2027, las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) recalcaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que se concreten nuevos recortes en la educación superior pública. Esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera de las 18 casas de estudio que integran el sistema, las cuales ya debieron afrontar una merma superior a los 20 mil millones de pesos durante el presente año.
Durante su sesión plenaria de octubre, realizada en la Universidad Alberto Hurtado, la directiva del consorcio destacó el trabajo de coordinación desplegado en el Congreso y la labor de socialización realizada ante la opinión pública. "Es sabido que el actual sistema de financiamiento estatal está agotado. Si al ajuste fiscal ya aplicado se suma un presupuesto restrictivo para 2027, se pone en riesgo la viabilidad financiera y la misión pública de las universidades del Estado", afirmó la presidenta del CUECH y rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis.
La autoridad académica añadió que ha existido una sólida comunión de posturas junto al CRUCH y otras agrupaciones universitarias para instalar el tema en la agenda nacional. "Calificamos como bastante grave esta situación. Como consorcio nos mantendremos en estado de alerta y con un trabajo conjunto desde Arica a Magallanes", puntualizó, detallando que continuarán con rondas de diálogo con parlamentarios y enviarán indicaciones técnicas a los ministerios de Educación, Ciencias y Hacienda, incluyendo propuestas que no implican un mayor gasto fiscal.
Una sola línea institucional
Desde las distintas regiones, las máximas autoridades académicas ratificaron el diagnóstico. La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, valoró la articulación del sector y recalcó que la discusión va más allá de la ley de presupuestos anual. "No solamente nos estamos centrando en el presupuesto de 2027 -que contiene un error de tipeo en el documento original-, sino también en cómo está estructurado el financiamiento de las universidades para mejorarlo de manera estructural", indicó, destacando además el respaldo activo de las comunidades estudiantiles.
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En tanto, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Benito Umaña Hermosilla, enfatizó que la baja en los fondos basales daña directamente el desarrollo de las comunidades locales. "No hemos pedido aumentos, sino que no bajen los fondos basales. Pueden verse impactadas las acciones concretas que realizamos en formación, investigación y vinculación", sostuvo.
Por su parte, la rectora de la Universidad de Playa Ancha, Violeta Acuña, señaló que el escenario desafía a las instituciones a optimizar sus funciones sustantivas. "Entendemos que existen restricciones económicas, pero en temas de desarrollo del país las universidades cumplen una misión fundamental en la generación de conocimiento para las políticas públicas", expresó.
En el plano estructural, la red de universidades estatales arrastra una disminución acumulada del 6,6% en su presupuesto total -con una merma de cerca de 10 mil millones de pesos en zonas extremas- y fuertes recortes en ciencia y tecnología. A este déficit financiero se suma un marco normativo obsoleto y rígido que mantiene a las instituciones en desventaja frente al sector privado, por lo que el CUECH reitera la urgencia de avanzar hacia una modernización legal que otorgue mayor agilidad a la gestión de recursos propios.
La voz de los estudiantes
En la última cita del consorcio también participó la presidenta de la FECH, Laura Mylnarz, quien advirtió sobre las consecuencias prácticas de un menor financiamiento. "Hoy lo que está en peligro es la educación pública. Lamentablemente, el año que viene podríamos ver establecimientos con graves deficiencias de infraestructura o sin capacidad para recibir a más estudiantes en distintas regiones. Los estudiantes siempre hemos cumplido un rol en la defensa de los derechos sociales, y si las autoridades no lo entienden, encontrarán a las comunidades organizadas", afirmó.
