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¿Cooperación contra el crimen organizado o un salto al tablero bélico? El pacto de Chile que tiene al canciller bajo interpelación.
La adhesión al Escudo de las Américas abrió una inédita interpelación hacia el ministro de Relaciones exteriores Francisco Pérez Mackenna. El Gobierno dice que es una declaración voluntaria contra el crimen organizado y que no compromete tropas ni más presupuesto. La oposición apunta a la letra chica: TIAR, inversiones, minerales críticos y una posible subordinación a Estados Unidos.
La pregunta fue directa y se la formuló La Hora al diputado Marcos Barraza: ¿los recortes que afectan a la ciudadanía podrían estar vinculados a la necesidad de financiar algún ámbito del Escudo de las Américas?
La respuesta no cerró la controversia. La trasladó al centro de la discusión: "No está claro aún los impactos completos respecto de las implicancias vinculantes que tendría Chile con la suscripción del Escudo de las Américas", respondió el diputado Barraza a La Hora.
"Las implicancias económicas están por verse", agregó el integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
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Chile formalizó el 22 de septiembre su adhesión a esta iniciativa impulsada por Estados Unidos. El Gobierno la describe como una coordinación voluntaria para combatir el crimen organizado y el terrorismo mediante intercambio de información, análisis de datos, capacitación y cooperación fronteriza. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que no contempla operaciones militares extranjeras en territorio chileno ni un aumento automático del presupuesto de Defensa.
Pero el documento público es más amplio. También habla de explorar mecanismos de control de inversiones, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos y promover proveedores confiables para la infraestructura digital. Además, contempla pedir a la OEA la convocatoria de un órgano de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR.
El TIAR establece que su órgano de consulta puede reunirse ante agresiones que afecten la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado americano. Su artículo 8 menciona medidas que pueden incluir la ruptura de relaciones económicas y, en determinados escenarios, el empleo de la fuerza armada.
Eso significa que Chile no quedó obligado automáticamente a enviar tropas ni a permitir acciones militares extranjeras. Pero tampoco permite reducir el acuerdo a una simple coordinación policial. El vínculo con un tratado regional de defensa y la inclusión de minerales, inversiones y seguridad económica explican por qué la oposición exige conocer el alcance real de lo firmado.
Barraza lo resumió así: "Estamos frente a una política en materia de suscripción subordinada y de dependencia a Estados Unidos que nos trastoca la voluntad soberana en el plano de los suministros económicos, el control de inversiones económicas, en la política de seguridad pública y en la política de defensa".
La diputada Tatiana Urrutia fue más allá y calificó la adhesión como el punto de quiebre para pedir explicaciones al canciller: "Esta interpelación se decidió después de múltiples eventos donde este canciller ha demostrado su poco manejo internacional y político; lo del Escudo de las Américas es la gota que rebasó el vaso".
La sesión de este lunes será la primera interpelación a un canciller en la Cámara de Diputadas y Diputados. El interrogatorio busca esclarecer si la declaración genera obligaciones vinculantes, por qué no pasó por el Congreso y cómo se compatibiliza con la política exterior histórica de Chile.
La discusión no ocurre en el vacío. China concentró el 35,4% del valor de las exportaciones chilenas durante 2025, según SUBREI. Es el principal mercado para los envíos nacionales y un actor decisivo para el cobre y otros productos.
Al mismo tiempo, la declaración del Escudo propone proteger cadenas de suministro de minerales críticos y revisar inversiones estratégicas. El texto no prohíbe comerciar con China ni ordena cancelar capitales provenientes de ese país. El riesgo señalado por especialistas es otro: que la coordinación hemisférica termine presionando a Chile para alinear sus decisiones sobre cobre, litio, infraestructura digital e inversiones con la competencia entre Estados Unidos y Beijing.
El Ejecutivo sostiene que Chile incorporó resguardos. Según la reconstrucción de La Tercera, el país pidió que las medidas se apliquen de forma no discriminatoria y que se respeten las obligaciones legales nacionales e internacionales. La oposición, sin embargo, acusa que la explicación inicial de La Moneda omitió parte del contenido económico y multilateral del documento.
No existe una cifra pública que establezca cuánto deberá pagar Chile por entrar al Escudo de las Américas. Tampoco hay una partida presupuestaria identificada con ese nombre ni evidencia disponible de que los recortes denunciados estén financiando el acuerdo.
La Ley de Presupuestos 2026 asigna $2,24 billones de pesos a la Partida del Ministerio de Defensa Nacional. Esa es la base presupuestaria de Defensa, no un costo del Escudo. Cualquier operación, capacitación, sistema tecnológico o misión posterior tendría que contar con financiamiento, autorización y control institucional propios.
Según el diputado Barraza, al ser consultado por La Hora sobre eventuales auditorías, respondió: "Nosotros estamos en un proceso de exigencia de información y transparencia. (...) Evidentemente no descartamos ningún tipo de mecanismo y herramienta de fiscalización como auditoría u otras".
El Gobierno insiste en que no hay intervención extranjera ni obligación automática de elevar el gasto militar. La oposición exige que esas garantías queden documentadas y que el Congreso pueda revisar cualquier compromiso que exceda una declaración política.
El país ya reconoce esa necesidad en sus principios de política exterior. El problema es quién fija las prioridades y qué compromisos quedan abiertos cuando la seguridad se mezcla con minerales, inversiones y defensa hemisférica.
Con China como destino del 35,4% de las exportaciones chilenas y una cartera de Defensa que ya supera los $2,24 billones, el margen para improvisar es estrecho. Chile no está en guerra ni tiene hoy una obligación automática de enviar soldados. Pero firmó una declaración cuyo alcance va bastante más lejos de un intercambio de datos. La paz, la soberanía y el presupuesto no se pueden administrar con frases generales: requieren texto completo, debate público y cuentas claras.
