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Una masiva ofensiva parlamentaria se desató tras la sorpresiva decisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de suspender el tramo soterrado Lo Errázuriz - Alameda, del proyecto Tren Melipilla - Santiago. La medida provocó indignación en la zona poniente de la RM, donde ediles y parlamentarios de diversos sectores firmaron un oficio exigiendo explicaciones inmediatas al Ejecutivo.
El diputado Marcos Barraza, fustigó la falta de claridad en el anuncio en conversación exclusiva con La Hora: "Hemos venido junto a los diputados del distrito 8 y 14 a presentar un oficio a EFE, para que dé explicaciones técnicas de por qué se suspende el tramo de Lo Errázuriz a la Alameda. El 1° de septiembre el Presidente definió que era estratégico y el 17 de septiembre EFE deja sin efecto esa parte de la construcción. Es una decisión equivocada motivada por recorte presupuestario, que impacta la calidad de vida y frena la economía cuando hay un 10% de cesantía".
Por su parte, la parlamentaria Tatiana Urrutia, apuntó al manejo del Palacio de La Moneda: "Este gobierno ha hecho costumbre que las autoridades se enteren vía prensa de sus decisiones. ¿Cómo pretenden gobernar si no se articulan con los alcaldes ni con los representantes electos?".
En esa misma línea, el diputado Gustavo Gatica, remarcó la importancia de rectificar el trazado del de manera urgente: "Acá hay una señal de unidad. Ocho alcaldes demostraron en una carta la inconformidad y ahora nos sumamos los diputados. Esto beneficiaría a un millón de personas".
El proyecto contemplaba conectar a comunas históricamente postergadas como Maipú, Cerrillos, Talagante y Melipilla. Sin embargo, la postergación deja varado el tramo final hacia Estación Central, supuestamente amparado en un reajuste de recursos fiscales y disputas por pago de derechos municipales.
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Tren Melipilla - Santiago: Consecuencias de la suspensión del proyecto
La suspensión del tramo soterrado de 3,2 kilómetros deja sin conexión directa al centro de Santiago y más de 1.100.000 habitantes de la zona poniente, ralentizando la rentabilidad social de una inversión pública que asciende a los 1.500 millones de dólares.
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