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"Nos quitaron el gimnasio": jubilados ferroviarios acusan una apropiación "a la mala" y esperan recuperarlo con el apoyo del alcalde de San Bernardo Christopher White.
El Gimnasio Ferroviario de San Bernardo, construido entre 1958 y 1962 con aportes mensuales de los trabajadores de la Maestranza Central, tras una venta dolosa por parte de por la directiva de la Unión de Trabajadores Ferroviarios de Chile (UTF) en 2019 y una disputa por su futuro, fue declarado Monumento Histórico, en febrero de este año. Ahora, la municipalidad evalúa una eventual compra, pero todavía no hay precio, ni presupuesto, ni acuerdo público cerrado.
El inmueble de calle Bulnes Nº 654 ya no puede ser demolido, pero tampoco ha vuelto aun a la comunidad que lo levantó. Sus antiguos usuarios sostienen que el recinto les fue quitado y que la venta se realizó sin que los jubilados locales fueran informados.
La acusación fue formulada en entrevista exclusiva con La Hora por Juan Cirené Campos, presidente de la Unión de Obreros Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de San Bernardo: "Queremos tratar de recuperar algo que nos quitaron en San Bernardo, que es el Gimnasio Ferroviario. El alcalde está empecinado en comprarlo y me alegro mucho de que sea así para retornar a donde estábamos nosotros, porque lo vendieron unos sinvergüenzas de Santiago, que son los ferroviarios de Santiago. Y nosotros somos los dueños legítimos de esos edificios".
La misma denuncia fue reforzada por Luis Madariaga, asesor de los jubilados montepiados de San Bernardo, quien afirmó en la entrevista: "Estamos afuera del gimnasio, nos echaron los mismos ferroviarios de Santiago, se hicieron dueños a la mala".
La protección patrimonial cerró la puerta a cualquier proyecto que implique destruir el edificio, pero abrió una nueva etapa: definir quién lo administrará, cómo se financiará su recuperación y si la Municipalidad de San Bernardo podrá adquirirlo para devolverlo a los jubilados ferroviarios y convertirlo nuevamente en un espacio comunitario.
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Uno de los principales centros ferroviarios del país desde su construcción en 1920. El Consejo de Monumentos Nacionales señala que el terreno fue comprado en 1947 con descuentos mensuales a los trabajadores y se construyó con el diseño del arquitecto Jorge Zamorano.
"Su compra y construcción fue financiada por todos los funcionarios de ese momento, quienes recibían un descuento por planilla mes a mes"
Durante décadas, el gimnasio funcionó como multicancha, escenario, sede de actividades culturales y lugar de encuentro de las familias ferroviarias. Su valor patrimonial, según el expediente oficial, combina arquitectura moderna, historia industrial y memoria del movimiento obrero.
Gimnasio Ferroviario: Una venta que los jubilados cuestionan
La controversia comenzó después de la venta del inmueble en 2019. Una investigación de T13 reportó que la propiedad fue transferida por $375 millones y que los antiguos usuarios sostenían que el avalúo comercial superaba los $1.500 millones. El reportaje también indicó que los jubilados se enteraron de la operación cuando el inmueble ya había sido vendido y que la transferencia se produjo en un contexto de pérdida temporal de vigencia del Círculo de Ferroviarios.
El conflicto es descrito por los dirigentes como una pérdida o apropiación "a la mala"
Juan Cirené Campos, presidente de la Unión de Obreros Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de San Bernardo, defiende la pertenencia histórica del inmueble: "Nosotros somos los dueños legítimos de esos edificios. Estamos esperando que el alcalde nos ayude para volver a nuestra casa y que sea para toda la comunidad sanbernardina".
Además, los dirigentes acusaron que, actualmente no tienen más alternativa que reunirse en un recinto prestado y que cientos de jubilados han perdido el lugar donde desarrollaban sus actividades.
Desde la Municipalidad de San Bernardo, al ser consultados por La Hora, comunicaron que tras la declaratoria se abrió una nueva conversación con el propietario y que el inmueble estaría en etapa de tasación.
También destacaron que la declaratoria patrimonial frenó el proyecto inmobiliario que se pretendía desarrollar en el lugar: "El municipio siempre intentó comprar este inmueble para poder recuperarlo para la comunidad y para los mismos ferroviarios. Al ser declarado patrimonio, ya no pueden tocarlo ni hacer el proyecto inmobiliario que pensaban".
Aunque hasta ahora se desconoce el monto de la oferta, si ha logrado llegar un acuerdo el Concejo Municipal o la partida presupuestaria que confirme una compra. Además, la municipalidad pese a tener genuino interés en recuperar el patrimonio arrebatado a la comuna, aún debe conseguir los recursos para la transacción, definir qué destino tendría el inmueble y cuánto dinero adicional se requeriría para restaurarlo y mantenerlo.
El patrimonio no puede quedar cerrado
La declaratoria protege el edificio, pero no garantiza su recuperación ni su uso público. El desafío para San Bernardo es convertir la protección legal en una política concreta: adquirir o convenir el uso del inmueble, restaurar sus espacios y devolverle una función comunitaria sin borrar su historia ferroviaria.
La historia oficial del gimnasio ofrece un punto de partida: fue financiado por trabajadores y creado para el deporte, la cultura y el encuentro. La discusión actual es si las instituciones públicas y privadas podrán alcanzar un acuerdo que permita que ese origen no termine convertido en un edificio patrimonial cerrado.
El actual propietario Inmoviliaria del Valle SpA. que lo adquirió por un precio muy por debajo del avalúo fiscal, también ha declarado que está abierto a una compra municipal. Mauricio Luis Truan Alonso, representante de Inmobiliaria del Valle SpA., señaló en 2025 que existía un diálogo con el alcalde y que la empresa había colaborado con el proceso de declaratoria patrimonial.
Pero esta polémica transacción del gimnasio vendido a espaldas de los pensionados de la maestranza por solo $375 millones, cobra un nuevo cariz al analizar el historial de quienes controlan Inmobiliaria del Valle SpA. Su representante legal, Mauricio Truan, lejos de operar como un inversionista inmobiliario convencional, se encuentra en el epicentro de un sofisticado esquema de delitos de cuello y corbata. La Fiscalía de Alta Complejidad lo formalizó penalmente por los ilícitos de disminución fraudulenta del patrimonio y ocultamiento de bienes concursales, tras comprobarse que actuó como el facilitador clave para esconder la fortuna del traumatólogo Rodrigo Mardones Petermann, exdirector médico de la Clínica Las Condes, quien enfrentaba una quiebra forzosa con deudas bancarias superiores a los $3.666 millones.
De acuerdo con la querella criminal tramitada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Truan orquestó un fraude que consistió en el traspaso exprés de departamentos de alta gama de propiedad del médico hacia tres sociedades de papel creadas de forma exprés. Mediante estos contratos simulados de compraventa ficticia por más de UF 6.300, las sociedades fantasma le entregaron de inmediato un mandato general de administración a Mauricio Truan, permitiéndole congelar y retener el control ilegal de los activos fuera del alcance de los bancos acreedores.
Esta metodología de adquisición a precios castigados y triangulación de bienes mediante mandatos comerciales guarda una estrecha similitud operacional con el cuestionado blindaje corporativo que la inmobiliaria aplicó sobre el Gimnasio Ferroviario, el cual debió ser protegido por el Estado al declararse oficialmente como Monumento Histórico para frenar su destrucción.
La red de irregularidades financieras de los controladores de Inmobiliaria del Valle SpA no se detiene ahí; también roza las aristas del multimillonario fraude del Caso Primus, donde se investigan defraudaciones masivas mediante factoring ilegal y la emisión de pagarés adulterados que involucran directamente al círculo de socios de Truan y Mardones.
Paralelamente, el empresario arrastra disputas civiles complejas, incluyendo una agresiva demanda de liquidación forzosa en contra de la suspendida notaria de Santiago, Valeria Ronchera, por el cobro de una deuda personal de $418 millones derivada de contratos de parcelas. Estos antecedentes judiciales confirman que la batalla vecinal por recuperar el gimnasio de San Bernardo no enfrenta a una inmobiliaria tradicional, sino a una sofisticada estructura de negocios bajo permanente sospecha del Ministerio Público.
