Parada Militar 2026 tendrá una inédita novedad: marcará un antes y un después en el desfile
La tradicional ceremonia se realizará el sábado 19 de septiembre, desde las 11:00 horas, en la Elipse del Parque OHiggins.
Luego de que tras la recaptura de Juan Abdón Flores Valenzuela, alias "El Indio Juan", quien permanecía prófugo desde febrero, donde escuchas telefónicas habrían permitido detectar un plan, para atentar contra White antes o durante del desfile de Fiestas Patrias del 17 de septiembre y el fiscal regional Marcos Pastén, aclarara que Flores no fue formalizado por las amenazas contra el alcalde y su audiencia se limitó al control de detención por la fuga carcelaria...
El alcalde White, declaró que recibió seis amenazas a través de distintos medios y que las intimidaciones se intensificaron después de los operativos municipales contra el comercio ambulante, el narcotráfico, los narcomausoleos y la ocupación criminal de espacios públicos. Mientras Fiscalía confirmó 22 alcaldes con protección.
El alcalde sostiene que se convirtió en un "obstáculo" para organizaciones delictivas.
Esa interpretación coincide con una declaración del fiscal nacional recogida por Emol, pero los detalles sobre la autoría y la estructura criminal siguen bajo investigación.
El Fiscal nacional reveló la cifra durante la sesión de urgencia de la Comisión de Seguridad del Senado en San Bernardo, mientras el edil aseguraba que se transformó en un "obstáculo" para las bandas tras múltiples operativos.
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El crimen organizado puso en la mira a los municipios
Este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó de forma excepcional en la Municipalidad de San Bernardo, para abordar las amenazas de muerte contra el alcalde White, en un caso que la Fiscalía investiga de forma reservada como un presunto plan de atentado.
Hasta ahora, no hay atentado ejecutado. Lo que sí está confirmado es que la protección del alcalde fue reforzada y que la investigación sigue abierta por la Fiscalía Occidente.
"Me transformé en un obstáculo"
El jefe comunal ha denunciado seis amenazas por distintas vías: en su domicilio, por correo electrónico, una carta en el municipio y gritos en la vía pública. Según su relato, las intimidaciones se intensificaron tras los operativos municipales contra el comercio ambulante, el narcotráfico, los narcomausoleos y el retiro de cámaras de vigilancia instaladas por bandas en poblaciones como Santa Rosa de Lima y San Esteban. Con el objetivo de combatir "organizaciones delictivas que quieren controlar el territorio", sostuvo White al vincular las amenazas con su ofensiva municipal.
Esa hipótesis es la que investiga el Ministerio Público tras la recaptura el 31 de agosto de "El Indio Juan", que no fue formalizado por las amenazas, solo por su fuga, y sigue como sospechoso en el presunto plan que habría sido detectado por escuchas telefónicas.
En tanto Fiscal nacional Ángel Valencia, confirmó la cifra país durante la sesión en San Bernardo, dimensionando la crisis de seguridad para autoridades locales.
"Hoy tenemos a lo menos 22 alcaldes en el país con medidas de protección como consecuencia de que han sufrido alguna amenaza o alguna agresión en razón de su cargo. Hay ocho de ellos que tienen un PPI que les acompaña cotidianamente. En el caso del Ministerio Público son 18 los fiscales que tienen medidas de protección", alertó Valencia.
El persecutor agregó que se designó al fiscal regional Marcos Pastén, para investigar exclusivamente las denuncias contra autoridades y se creó una unidad de seguridad especial.
El respaldo y el 17 de septiembre
La fecha que aparece en la investigación es el desfile de Fiestas Patrias del 17 de septiembre. Ante ese presunto plan y la petición de White al presidente de la República, José antonio Kast a poner el pecho juntos ese día, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció que acompañará al edil de San Bernardo ese día, en un gesto de solidaridad y apoyo.
"Nos ofrecemos para acompañarlo públicamente el 17 de septiembre, tiene que saber que no está solo", señaló Toledo en X.
La sesión, contó con la presidenta del Senado Paulina Núñez, el ministro de Seguridad Martín Arrau, la cúpula de Carabineros y PDI, y el gobernador Claudio Orrego. El objetivo, según Arrau, es pasar de proteger al autor material de la amenaza a perseguir a la organización completa que está detrás.
