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Cuando preguntar incomoda y las señales de alarma en medios de comunicación cruzan transversalmente desde Washington hasta Santiago.
La exclusión de CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, el impedimento de ingreso de Radio Universidad de Chile al Foro Madrid y los antecedentes de agresiones a periodistas en el sur muestran una misma tensión: quién decide qué prensa puede estar presente cuando el poder habla.
La puerta que se cerró en Washington
El viernes 18 de septiembre, Donald Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían fuera de la Casa Blanca. El motivo comunicado por el propio presidente fue que esos medios difundían "fake news" o información falsa. Al día siguiente, tres periodistas llegaron a los terrenos de la sede presidencial y encontraron una consecuencia concreta de ese anuncio: sus credenciales habían sido desactivadas o confiscadas.
Las fuentes identificaron a Betsy Klein, corresponsal sénior de CNN; Akayla Gardner, corresponsal de MS NOW; y Cheyenne Haslett, reportera de la Casa Blanca de Politico. No fueron solamente cuestionados sus artículos. La medida impidió físicamente que ingresaran a cubrir la actividad presidencial para la que trabajaban.
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El 21 de septiembre, CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda contra Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca. Los medios alegan que se trata de una represalia por el contenido de sus coberturas y que las credenciales fueron revocadas sin aviso ni posibilidad real de impugnar la decisión. La Casa Blanca responde que el acceso a la sede presidencial, a los espacios de capacidad limitada y al pool de prensa es un privilegio, no un derecho automático.
Al cierre de esta crónica, el juez Timothy Kelly había fijado una audiencia para el 23 de septiembre, pero todavía no existía una decisión cautelar. Por eso, la acusación de represalia era parte de la demanda y de la interpretación de los medios afectados, no una conclusión judicial definitiva.
La inusual respuesta de las cadenas de televisión
ABC, CBS, CNN, Fox News y NBCsuspendieron el pool televisivo presidencial después de que CNN fuera impedida de cumplir su turno. La decisión no eliminó toda cobertura de la Casa Blanca: siguieron trabajando periodistas de prensa escrita, radio, agencias y fotógrafos. Pero puso en cuestión quién puede controlar el mecanismo que distribuye las imágenes y la información presidencial al resto del sistema informativo.
En el puesto de Associated Press apareció, además, un cartel de solidaridad con CNN, MS NOW y Politico. La escena condensó el conflicto: una agencia que ya había enfrentado restricciones durante la administración Trump se convirtió en el lugar simbólico desde el cual otros medios expresaron respaldo a quienes acababan de ser excluidos.
No era la primera vez
El episodio de septiembre no apareció aislado. En febrero de 2025, la Casa Blanca había restringido el acceso de Associated Press después de que la agencia mantuviera en su guía editorial el nombre "Gulf of Mexico", pese a que Trump había impuesto públicamente la denominación "Gulf of America". AP informó que un reportero fue impedido de participar en una actividad del Salón Oval y que posteriormente se limitaron accesos de sus periodistas y fotógrafos a determinados actos, al Air Force One y al pool presidencial.
La agencia demandó. En abril de 2025, el juez federal Trevor McFadden ordenó restablecer un acceso amplio de AP mientras continuaba el litigio. La decisión no estableció que un medio tuviera derecho permanente a ocupar un asiento en cada espacio restringido. En junio, un panel dividido del Circuito de Apelaciones de Washington reconoció una mayor discrecionalidad gubernamental en lugares de capacidad extremadamente limitada, como el Salón Oval y el avión presidencial.
Días después del primer conflicto con AP, la Casa Blanca negó el acceso a una cobertura de gabinete a un fotógrafo de AP y a tres periodistas de Reuters, HuffPost y Der Tagesspiegel. Los nombres de esos reporteros no fueron publicados. En abril, AP, Reuters y Bloomberg News perdieron sus puestos permanentes en el pequeño pool presidencial y quedaron sometidos a una rotación más amplia.
El conflicto se extendió también al Pentágono. En octubre de 2025, entre 40 y 50 periodistas entregaron sus credenciales y abandonaron el edificio antes que aceptar reglas que permitían revocarlas por buscar información no autorizada para publicación, aun cuando no fuera clasificada. Entre los profesionales identificados estuvieron Nancy Youssef, de The Atlantic, y Tara Copp, de The Washington Post. En marzo de 2026, el juez federal Paul Friedman declaró inconstitucional esa política por su vaguedad y amplitud excesiva. El Gobierno anunció una apelación.
La secuencia deja una pregunta que va más allá del nombre de cada medio: si la autoridad puede decidir quién entra según su evaluación de la cobertura, ¿dónde termina la administración razonable de un espacio limitado y dónde comienza el castigo por la línea editorial?
La puerta cerrada en Santiago
En Chile, una escena similar ocurrió el 3 de septiembre, aunque en un contexto distinto y con una disputa que todavía no tiene una versión documental definitiva.
El equipo de Radio Universidad de Chile llegó a cubrir el Foro Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso. La radio sostuvo que había cumplido el procedimiento de acreditación y que su participación había sido aceptada. Sin embargo, al llegar al lugar, sus integrantes no pudieron ingresar. La emisora informó que intentó encontrar a un responsable que explicara la decisión, sin obtener una respuesta satisfactoria.
El Observatorio del Derecho a la Comunicación recogió una versión atribuida a la organización: el equipo no habría figurado como acreditado. No se hizo público, al menos hasta la fecha de corte de esta investigación, el listado oficial de acreditaciones, el correo de aceptación, una explicación formal del Foro Madrid ni una reparación posterior. Esa contradicción es central. El hecho material, "el equipo no ingresó" y está documentado; el motivo exacto permanece discutido.
La reacción, en cambio, sí quedó registrada. El Senado Universitario de la Universidad de Chile aprobó una declaración unánime de rechazo y solidaridad con la radio y sus trabajadores. También se pronunciaron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas y el Observatorio del Derecho a la Comunicación.
En una publicación difundida en X, Marcos Barraza resumió la gravedad institucional que, a su juicio, tenía el episodio: "Impedir el ingreso de un periodista previamente acreditado constituye una restricción injustificable al ejercicio de la prensa". En el mismo mensaje agregó: "La libertad de informar no puede quedar sometida al criterio político de quienes organizan un evento". La frase "fascismo antipatriota", incluida también en su publicación, es una calificación política de Barraza y no un hecho establecido por una autoridad judicial; lo relevante para esta crónica es el argumento que la precede: quién puede decidir, con qué reglas y con qué posibilidad de revisión, qué medio entra a cubrir un acto con autoridades públicas.
La alerta llegó desde Máfil
Ocho días después del episodio del Foro Madrid, el conflicto se trasladó al sur. Durante una actividad del presidente José Antonio Kast en Máfil, Región de Los Ríos, una estudiante de quinto año de Periodismo de la Universidad Austral de Chile e integrante de El Fuerte Noticias denunció que fue interceptada y retirada por personal de seguridad presidencial mientras registraba la actividad.
La cobertura regional informó que la reportera trabajaba en las inmediaciones de la Biblioteca Municipal y que comenzó a registrar un momento de interpelación ciudadana al mandatario. Según su relato, personal de seguridad la tomó del brazo y la obligó a salir del perímetro. El mismo reporte indicó que acudió al Hospital Regional de Valdivia, donde un parte médico consignó lesiones leves y eritema en el brazo izquierdo. Estos extremos provienen del relato de la afectada, de directivos del medio y de la cobertura local; no consta en las fuentes consultadas una investigación concluida que establezca responsabilidades individuales.
El Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas difundió una declaración pública en la que manifestó su "categórico rechazo" a la agresión y obstrucción del trabajo periodístico. En una publicación de Instagram, el gremio pidió: "Solicitamos al Gobierno y a los organismos de seguridad garantizar el libre ejercicio de la prensa y respetar las garantías constitucionales y legales que resguardan el derecho a informar". También expresó su respaldo a la estudiante y al medio regional.
En la declaración citada por la prensa local, el Colegio recordó que los protocolos de seguridad de las más altas autoridades "no pueden, bajo ninguna circunstancia, vulnerar los estándares democráticos ni obstaculizar la labor de la prensa local y regional". El gremio pidió revisar los procedimientos de seguridad para evitar situaciones de "hostigamiento o censura de facto". La Delegación Presidencial de Los Ríos, según el reporte, declinó referirse al episodio porque no estaba a cargo de organizar el encuentro.
La escena de Máfil tiene una diferencia importante respecto de Washington y Santiago: aquí no se trata de una decisión escrita de retirar una acreditación, sino de una denuncia de intervención física durante una cobertura. Pero el punto de contacto es directo. Cuando la seguridad impide registrar un momento de interés público —más aún cuando se trata de una interpelación a una autoridad— la protección del perímetro puede terminar transformándose en una barrera contra el escrutinio.
El problema no es solo entrar
La libertad de prensa no garantiza que cualquier periodista pueda entrar sin condiciones a toda propiedad pública ni ocupar un lugar en una actividad con aforo limitado. Las autoridades y organizadores pueden establecer reglas de seguridad, privacidad, capacidad y funcionamiento. Esas reglas, sin embargo, deben ser previas, objetivas, transparentes y aplicadas de manera consistente.
El problema aparece cuando la acreditación se utiliza para premiar coberturas favorables o castigar preguntas incómodas; cuando un medio es retirado de un lugar después de haber sido aceptado; cuando una credencial se desactiva sin aviso ni revisión; cuando la seguridad expulsa físicamente a una reportera que registra una interpelación pública; o cuando una autoridad evita responder durante largos períodos a la prensa acreditada.
En Chile, el Barómetro de Acceso a la Información Pública elaborado por la Asociación Nacional de la Prensa, la Fundación de la Prensa y la Universidad Central, sobre una muestra de 445 periodistas, registró un aumento de 68% en los reportes de información entregada solo bajo condición de off the record. Un 41% informó recibir información parcial. Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior estuvieron entre las instituciones peor evaluadas del grupo analizado.
Esos datos no prueban por sí solos una política de censura física ni una orden general para controlar preguntas. Sí describen un ambiente en que acceder a la información y obtener respuestas se vuelve más difícil. En ese ambiente, cada exclusión, cada credencial retirada y cada agresión puede producir un efecto acumulativo: los periodistas empiezan a medir no solo qué pueden publicar, sino también qué consecuencias puede tener intentar preguntar.
El equilibrio que se erosiona
La democracia necesita elecciones, tribunales y parlamentos. Pero también necesita observadores independientes capaces de preguntar a quienes ejercen autoridad. Sin esa intermediación, el poder puede transformar una pauta en una vitrina, una acreditación en un premio y el acceso en una herramienta de obediencia.
Cuando una administración decide qué medio merece cubrirla según su valoración de las noticias publicadas, el riesgo no afecta únicamente a CNN, AP, Radio Universidad de Chile o la reportera de Máfil. Afecta al público que recibe menos versiones, menos contraste y menos posibilidades de conocer cómo se toman las decisiones.
La advertencia vale para Estados Unidos y para Chile, aunque los sistemas, leyes y hechos no sean iguales. En Washington existen demandas y decisiones judiciales que todavía deben resolverse. En Santiago, la controversia del Foro Madrid mantiene una contradicción sobre la acreditación. En Máfil, la denuncia combina obstrucción física, una cobertura de interés público y un parte médico reportado por la prensa local.
El Estado no se debilita solamente cuando deja de garantizar derechos en una gran crisis. También se desgasta cuando normaliza pequeños cierres de puertas, preguntas sin respuesta, credenciales revocadas y periodistas obligados a abandonar una cobertura. La suma de esas prácticas puede convertir la rendición de cuentas en una excepción y la opacidad en el procedimiento habitual.
"Hay mucha ignorancia"
Las trabas a los medios no solo han despertado el rechazo gremial, sino también duras críticas hacia la preparación de las autoridades para enfrentar el escrutinio. La periodista Patricia Blum Pirinea cargó directamente contra las autoridades y dirigentes que cierran la puerta a las pautas de prensa o intentan evadir las preguntas de los reporteros:
"Con todo el respeto, para mí hay mucha ignorancia. Tienes que sí o sí dar la cara. Un político es una persona pública y dentro de lo que es ser público tiene que saber que tiene que dar declaraciones, le guste o no le guste".
Para Blum, limitar el paso a un periodista o negar información no es solo una falta de preparación técnica o comunicacional, sino una vulneración directa a los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos: "A mí me impresiona que un país tan hermoso como Chile esté incurriendo bajo un derecho universal que es la libertad de expresión. En vez de ayudar, están generando más conflicto".
