Vuelco en triple crimen de La Reina: ¿Jorge Ugalde puede salir libre este 24 de septiembre?
El único sospechoso del homicidio logró que tribunal revise su situación procesal.
Ejecutivo y jueces apuntan a que la ausencia de cifras publicadas por parte del INE, desde hace unos años, mantiene a los tribunales de barrio atascados en carpetas de papel. Pero mientras los trabajadores chilenos sufrían el descuento de sueldos cuando enfermaban y el COMPIN rechazaba sus licencias, un grupo privilegiado de autoridades con sueldos millonarios, disfrutaba de vacaciones en el extranjero en pleno reposo médico.
La decisión de la Corte Suprema de destituir a 11 jueces, tras revisar decenas de cuadernos de remoción por viajes al extranjero con licencia médica, terminó de demoler la confianza ciudadana en la administración de justicia. Según las últimas mediciones de opinión pública, la desaprobación al sistema legal roza niveles históricos y más del 80% de los encuestados afirma que los tribunales no aseguran la igualdad ante la ley.
Mediante un oficio formal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) evaluar la reanudación del levantamiento de datos sobre el funcionamiento de los Juzgados de Policía Local (JPL), cuya última medición oficial fue publicada en el Anuario de Estadísticas Judiciales del INE en 2020.
El momento del anuncio no es casual
En la práctica, poner sobre la mesa la culpa del INE por un problema de datos que lleva casi seis años durmiendo funciona como una clásica "cortina de humo": mover la atención mediática desde el escándalo ético y la falta de probidad de la alta judicatura, hacia un debate administrativo sobre el reparto de fondos y la falta de encuestas.
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Pero más allá de las maniobras para salir "sin culpa" ante la opinión pública, la crisis en los Juzgados de Policía Local no es un invento. Es el calvario cotidiano de vecinos que deben perder mañanas enteras en filas presenciales para resolver un choque menor, una multa por no votar, un reclamo del consumidor o un conflicto de copropiedad en su edificio.
A diferencia de los tribunales reformados del Poder Judicial, los JPL no están bajo la Ley N° 20.886 de Tramitación Electrónica. Dependen del presupuesto de cada municipalidad. Mientras las comunas de mayores ingresos financian sus propias plataformas web, en los municipios más vulnerables los partes de tránsito y las notificaciones se siguen acumulando en cerros de carpetas físicas en el escritorio de un actuario.
Apagón estadístico del INE desde 2020
El Ministerio de Justicia argumenta que no existen bases técnicas oficiales para saber cuántas causas ingresan, cuántas se fallan y dónde están los mayores cuellos de botella para inyectar recursos o impulsar una ley de modernización.
Atrapados entre el colapso operativo de sus despachos y la sombra del desprestigio que salpica al Poder Judicial, desde el gremio de los Juzgados de Policía Local salieron rápidamente a respaldar el pedido al INE, buscando marcar distancia de los cuestionamientos que afectan a los jueces superiores.
El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), Francisco Ríos Laulé, valoró la gestión del Ejecutivo y remarcó la disposición de sus asociados para levantar datos reales de la calle.
"Como INJPL estamos plenamente disponibles para colaborar con el Ministerio de Justicia y el INE en el levantamiento de esta información. Contar con estadísticas actualizadas y representativas de la realidad territorial es fundamental para conocer las necesidades de los tribunales y avanzar en una modernización efectiva de la justicia local", sostuvo Ríos.
¿Avance real o distracción calculada?
El escenario deja al descubierto dos realidades paralelas: mientras los grandes estamentos judiciales se enredan en explicaciones y defensas corporativas tras el escándalo de las licencias médicas, el ciudadano común sigue pagando el costo por partida doble: financia con sus impuestos el sistema y sufre la lentitud de un servicio estancado en el siglo pasado.
Resta ver si la exigencia del Ejecutivo al INE se traducirá en un cambio real con presupuestos y digitalización para los tribunales de barrio, o si solo quedará anotada como otra maniobra de prensa para pasar la página de uno de los capítulos más vergonzosos de la justicia chilena.
