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Este miércoles, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó una pena de 10 años de cárcel para la diputada Catalina Pérez por su vinculación en el caso Democracia Viva.
Se debe recordar que la acusación involucra también a su expareja, Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva; a Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta; y a Paz Fuica, exconcejala.
Los delitos que se les imputa
En detalle, los involucrados están siendo investigados por tres delitos consumados de fraude al fisco, por los que se solicitó una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.
En esa misma línea, se pidió una multa correspondiente a la mitad del perjuicio causado, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e incluso la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante la duración de la condena.
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De igual manera, se incluyó la petición de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado.
Actualmente, Catalina Pérez cumple arresto domiciliario total por delitos de fraude al fisco que suman un total de 426 millones de pesos.
El impacto del caso Democracia Viva
Recordemos que el caso Democracia Viva fue revelado en junio de 2023 por el medio Timeline de Antofagasta, que publicó los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, con el presunto fin de ir en ayuda de los campamentos de la región.
Según la Fiscalía, estos convenios fueron fraudulentos y se obtuvieron sin cumplir los requisitos legales.
Por su parte, Catalina Pérez quedó sin fuero el pasado 7 de abril, luego de que el Pleno de la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el 20 de febrero acogió la solicitud de desafuero presentada por la fiscalía.
