¿Se está acumulando energía?: Las regiones de Chile que llevan más tiempo sin ser epicentro de un gran terremoto
Chile es un país sísmico por excelencia, sin embargo, no todas las zonas han vivido el mismo nivel de actividad en los últimos años.
El comercio ambulante se mantiene como una postal constante en distintas comunas de Santiago.
Aunque las autoridades han intensificado las fiscalizaciones y se han implementado planes de ordenamiento del espacio público, varios sectores de la ciudad siguen albergando una gran cantidad de vendedores ambulantes que, en muchos casos, trabajan en la calle por necesidad, pero también generan preocupación por la ocupación del espacio y la informalidad económica.
Uno de los puntos más notorios es la Estación Central, tanto en su exterior como en las inmediaciones de la Alameda. La llegada y salida constante de personas desde el terminal de buses y la cercanía al comercio establecido convierten esta zona en un imán para la venta callejera.
Otro sector clave es el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago. A pesar de los controles municipales, es habitual encontrar vendedores de ropa, comida, accesorios electrónicos y productos de aseo, sobre todo en las horas punta.
En paralelo, la Plaza de Armas y sus alrededores también registran alta presencia de comercio ambulante, lo que ha generado más de una queja de locatarios establecidos.
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Otro punto neurálgico en donde se ha instalado el comercio ambulante, y donde prácticamente cada día hay incidentes con personal de Carabineros, es en el sector de la Estación Mapocho, lugar donde a su vez se emplaza el Mercado Central y la estación de Metro Puente Cal y Canto.
En la zona sur de la capital, comunas como Puente Alto, La Florida y San Bernardo también presentan focos importantes de comercio ambulante en la vía pública, sobre todo en las cercanías de estaciones de Metro, ferias libres y terminales de transporte.
A nivel comunal, los municipios han aplicado estrategias disímiles. Algunas comunas han impulsado ferias habilitadas con permisos transitorios, mientras otras han optado por operativos de desalojo con apoyo de Carabineros.
Sin embargo, desde organizaciones sociales se insiste en la necesidad de una política de regulación más amplia que considere la dimensión social del fenómeno.
