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El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, avisó que al fin se emparejará la cancha en las calles.
La Contraloría General de la República cumplió con el trámite de toma de razón y la famosa Ley Uber, quedó lista para comenzar a ser aplicada, lo que cambiará las reglas del juego.
La entrada en vigencia de la normativa busca establecer un marco regulatorio para plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify, entre otras, lo que significará que gran parte de los que se dedican a este rubro quedarán fuera del sistema.
Tras su publicación en el Diario Oficial, se iniciará un plazo legal de 30 días para que la Ley Uber comience a regir.
Algunas de los requisitos es la Inscripción de los conductores y vehículos en los seis primeros meses de vigencia de la ley, además los vehículos deben tener un mínimo de 10 años de antigüedad.
Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, MTT, avisaron que la Ley Uber busca "igualar la cancha" con el resto del transporte remunerado de pasajeros.
"Sin duda alguna nos permite cerrar un trabajo intenso realizado durante todos estos meses por nuestros equipos técnicos, y que siempre buscó avanzar en una propuesta que no solo permitirá regular una modalidad que ya operaba de facto, sino también bajo estándares de seguridad para conductores y pasajeros, además de establecer reglas claras y que ya existen para otros modos de transporte", dijo el ministro Juan Carlos Muñoz.
Y los pasos próximos a seguir se vienen así: la ley entra en vigencia 30 días después que se publique en el Diario Oficial. Tras ello, y por un periodo de 6 meses, se abrirá el proceso de inscripción de las empresas, conductores y vehículos en el registro de conductores contemplado en la reglamentación.
Cabe recordar que la Ley Uber da un plazo de 12 meses para que los conductores que actualmente conducen con clase B puedan obtener su licencia profesional. Si cumplido ese plazo no la obtuvieron, los choferes serán borrados del registro, en el que ahora todos los conductores tendrán que inscribirse.
Según las empresas de movilidad, que amenazaron con ir a tribunales internacionales para frenar su aplicación, los viajes subirán de precio, ya que cerca del 30% del parque actual de conductores no podrá trabajar en las calles.
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