Quién es Catalina Pérez, la diputada desaforada involucrada en el Caso Convenios
La parlamentaria podría ser formalizada por tres delitos de fraude al fisco tras su desafuero.
Catalina Pérez recibió un revés judicial durante la tarde del lunes, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera su desafuero.
Esto a raíz del bullado Caso Convenios, dado a conocer por el medio Timeline, sobre los millonarios acuerdos entre la fundación Democracia Viva, que tenía como representante legal a su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda.
A continuación te contamos la historia de quién es la diputada Pérez, una dirigenta estudiantil que se hizo paso en la política hasta llegar al Congreso Nacional.
Contrario a lo que muchos piensan, Catalina Ilona Io Pérez Salinas no nació en Chile: lo hizo en Malmö, Suecia, en 1990. Es hija de padres exiliados, que decidieron volver a Chile cuatro años después de su nacimiento.
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Se instalaron en Antofagasta, donde ella completó sus estudios secundarios. Luego, estudió Derecho en la Universidad Católica del Norte, donde se desempeñó como dirigenta estudiantil en la época de las protestas estudiantiles del 2011.
A los 13 años se hizo militante de las Juventudes Comunistas (JJCC) y en 2014 se unió al partido Revolución Democrática. Representando a la colectividad, fue electa diputada por el Distrito N° 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla) en 2017.
Pocas semanas después de su triunfo parlamentario, pasó a ser la presidenta de Revolución Democrática por dos años y medio, hasta junio de 2021. En 2022 fue reelecta como diputada por el mismo distrito.
Su nombre comenzó a tener notoriedad con su vinculación al caso "Democracia Viva", una investigación sobre presuntos desvíos de fondos públicos a fundaciones privadas.
La agrupación, fundada por su entonces pareja, Daniel Andrade, recibió fondos de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada Pérez, entre junio de 2020 y junio de 2021.
El Ministerio Público asegura que Pérez habría hecho de intermediaria para que la fundación de Andrade se adjudicara estos fondos, violando el principio de probidad administrativa
