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En respuesta a la creciente preocupación por el contrabando y la venta ilegal de cigarrillos en Chile, las diputadas Natalia Romero y Marlene Pérez (Ind. UDI) presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan este delito.
La venta ilegal de cigarrillos ha proliferado en diversos puntos del país, incluyendo ferias libres, salidas de centros comerciales, Plazas de Armas, universidades en regiones y estaciones de Metro en Santiago, generando múltiples problemas de seguridad, salud y económicos.
"El contrabando y la venta ilegal de cigarrillos conlleva serias implicaciones para la seguridad pública, la salud y la economía del país. La comercialización ilegal no solo involucra delitos previos como el contrabando, sino que también facilita la comisión de otros crímenes, incluyendo robos, porte ilegal de armas e intentos de homicidio", comentó la parlamentaria Pérez.
Un ejemplo reciente destaca la detención de seis individuos por su presunta participación en el robo de un camión con carga ilegal de cigarrillos.
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En términos de salud, el ingreso ilegal de cigarrillos elude la regulación y control del Ministerio de Salud, lo que impide verificar el cumplimiento de estándares mínimos y dificulta la trazabilidad del producto.
"Esto es sumamente grave, por los riesgos que conlleva para los consumidores, quienes podrían estar expuestos a componentes desconocidos y potencialmente más dañinos. Es esencial que los cigarrillos que ingresan al país cumplan con las normativas de salud para proteger a los consumidores," explicó Romero.
Económicamente, el contrabando de cigarrillos afecta la recaudación fiscal y perjudica el empleo formal. Según el Servicio Nacional de Aduanas, en 2022 se destruyeron aproximadamente 772 millones de cigarrillos incautados por contrabando, representando una evasión fiscal de alrededor de 114 millones de dólares.
Además, datos de MIDE UC indican que en 2023, el 45,4% del volumen total de cigarrillos consumidos en Chile fue ilegal, resultando en una pérdida fiscal de aproximadamente 1.150 millones de dólares anuales.
Actualmente, la normativa establece sanciones que varían según el valor de la mercancía. Sin embargo, la propuesta de la diputada Romero pretende aplicar la pena máxima para el contrabando de cigarrillos cuyo valor exceda las 125 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
