Más de 2.000 crímenes entre 1973 y 1974: reflotan datos de la Universidad de Chile tras dichos de Evelyn Matthei
La candidata presidencial de ChileVamos aseguró que era inevitable que hubiera muertos en los primeros años de dictadura.
La revelación de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, habría concedido beneficios a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad ligados al Tren de Aragua generó un terremoto en el Poder Judicial.
En detalle, e pasado 25 de enero, Urrutia autorizó que cuatro reos, miembros de la banda delictual, accedieran al beneficio de realizar videollamadas a sus familiares desde su encierro.
Esto, a pesar de que estaban condenados por crímenes de extorsión, trata de personas homicidios y secuestros.
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Esta medida fue cuestionada por Gendarmería, quienes afirmaron que "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
El Gobierno también se refirió a la polémica, siendo específicamente el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien habló sobre ello.
"Por supuesto que estamos en contra y el Ministerio de Justicia junto a Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza".
"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado (...) es que sus líderes, quienes están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización", agregó Monsalve.
En tanto, el diputado Jose Miguel Castro (UDI), afirmó que el juez Urrutia está "completamente desconectado" de lo que vive Chile.
Según el parlamentario, se debe respetar siempre la independencia de los poderes del Estado, pero "otra cosa es hacer uso de esta independencia con fines políticos".
