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Tanto la exalcaldesa de Maipú y Japaz están formalizados por el delito de fraude al fisco por más de $31 mil millones.
Cathy Barriga y su exasesor Luis Japaz, solicitaron una audiencia de revisión de medidas cautelares, señalando una falta de orden y trasparencia en las indagatorias.
Recordemos que tanto la exalcaldesa de Maipú y Japaz están formalizados por el delito de fraude al fisco por más de $31 mil millones.
A raíz de esta petición, los abogados de ambos formalizados, explicaron sus posturas y expusieron sus argumentos ante esta petición.
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Por su parte, Cristóbal Bonacic abogado de Cathy Barriga expuso que "La audiencia cautelar garantía tiene por objeto dos cosas. Uno, que el Ministerio Público entregue la carpeta de investigación ordenada y foliada en atención al amplio volumen que forma parte", comenzó explicando Bonacic.
Siguiendo con su argumento "y segundo, en relación a que se precise la medida cautelar de prohibición tomar contacto con testigos, porque obviamente el sentido de la medida dice relación con tomar contacto con testigos para que no declaren, asustarlos, amedrentarlos"
Por último, agregó que "cosa que de hecho nunca ocurrió, por cierto. Por ejemplo, el juicio de ellos es el sentido de la medida cautelar y no como pretende el Ministerio Público de que doña Cati Garriga no tenga contacto con ningún testigo, incluso aquellos que operan como descargo. Ese es el sentido que tiene la audiencia desde el lunes", finalizó.
En cuanto a la defensa de Luis Japaz, Erika Maira representante del formalizado, argumentó que "con posterioridad a la audiencia de formalización y revisados los antecedentes que la Fiscalía nos proporcionó (más de 40 mil páginas) solicitamos esta audiencia de cautela de garantías ya que es un derecho básico en un país democrático, conocer el origen, la lógica y la totalidad de los antecedentes de la investigación por los se formulan cargos a un ciudadano y se le piden medidas cautelares y eso no se cumple en este caso", explica.
A esto añadió que "de hecho pudimos observar que no hay un orden correlativo de tomos, no hay registro de citaciones de testigos, no están foliados los antecedentes, no hay claridad de si hay más documentos en cadena de custodia a los que no hemos tenido acceso, en fin, todas cuestiones indispensables para poder ejercer el derecho a defensa"
"Y en particular para observar el cumplimiento del principio de objetividad en esta investigación, que es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. De hecho la resolución de la ICA de Santiago de 26 de enero menciona expresamente que hay antecedentes confusos en lo expuesto por la Fiscalía".
