"Ahora sí pueden vender la casa": jóvenes de la UDI irrumpen en ex domicilio del Presidente Allende
La manifestación se concretó luego que el Tribunal Constitucional decidiera cesar el cargo de senadora a Isabel Allende.
Las polémicas por las pensiones de gracia, siguen y esta vez fue la la Contraloría General de la República quien entregó, esta mañana, un informe aludiendo a las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno luego del estallido social.
En este documento, se evidencian 19 expedientes de los beneficiarios por la popular pensión de gracia, quienes nos presentaban antecedentes médicos, los que fueron remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
"Los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, enfatiza el informe.
Antecedentes penales
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En este contexto, se pudo constatar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos "constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante".
Agregando que "lo que da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados", puntualizaron.
Por otra parte, se verificó que de las 419 personas beneficiadas, 58 tienen antecedentes penales por condenas "con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos", destacaron desde el organismo.
Delitos
Pero esto no sería todo ya que el documento argumenta que "se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales", detallan.
Entre los que se encuentran, delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Por su parte, la Contraloría General de la República, llegó a la conclusión que no se da cuenta "de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición".
