CERRAR
La ley contempla tres años para que una empresa construya una obra y si no cumple esa autorización vence sin vuelta atrás, lo que traerá desempleo en la construcción.
Los permisos de edificación son un trámite fundamental que otorga la Dirección de Obras Municipales a través del cual una obra se puede construir.
El problema es que según datos de la empresa Baudata, más de 530 proyectos o el equivalente a la construcción de cerca de 90.000 viviendas corren riesgo de perder su permiso de edificación otorgado entre 2019 y 2021.
Estos proyectos están a punto de fracasar porque no comenzaron sus obras, principalmente por restricciones de acceso a financiamiento por parte de la banca.
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Una de las consecuencias que podría traer la caducidad de los permisos es la pérdida de cerca de 270.000 puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en el sector inmobiliario, como de construcción de proyectos de comercio e industria.
Muchos de los permisos de edificación necesarios para que un proyecto comience a ejecutarse fueron entregados en 2019. La actual normativa estipula que, pasados tres años, esa autorización caduca.
En tiempos normales, el plazo es el correcto para que un proyecto esté en plena ejecución. Sin embargo, y a causa de la pandemia y el aumento de precios de los materiales de construcción, varios de esos proyectos esperan un mejor momento económico para poder iniciar sus obras.
La inversión correspondiente a estos casos es cercana a los 12.000 millones de dólares en un plazo de 2 a 3 años.
Cristián Yañez, CEO y co - fundador de la empresa Baudata, plantea que una salida es extender estos permisos, atendiendo al delicado escenario que afecta a la construcción y a la necesidad de contar con medidas reactivadoras de la economía.
El ejcutivo explicó que la propuesta es que “las autoridades prolonguen por un plazo acotado las fechas de caducidad de los permisos de edificación, lo que permitiría que no se pierdan y de esta forma, se evita tener que modificar los proyectos y realizar nuevamente los trámites, que pueden durar más de un año”.
A juicio de Yáñez, se trata de una medida orientada a reactivar la economía, resguardando el empleo y la inversión.
