Alcaldes de Ñuñoa y La Florida toman la delantera contra funcionarios implicados en caso licencias médicas
Despidos inmediatos y el inicio de exhaustivos sumarios se realizarán al interior de los municipios.
El secretario de Estado fue recibido por personeros socialistas y de otras bancadas en su llegada al Congreso Nacional, donde aseguró que "confío en la democracia".
Este jueves 4 de enero, está programada la revisión y posterior votación de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
En su llegada al Congreso Nacional, donde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados revisará y votará á la acusación constitucional en su contra, el secretario de Estado afirmó que "no voy a renunciar".
"Confío en la democracia. Confío en el debate de ideas y que los argumentos del abogado han sido muy sólidos, y los argumentos que presentaron los parlamentarios en la comisión también fueron muy sólidos", aseveró el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien es acusado por su responsabilidad en el "Caso Convenios".
El operativo tiene relación con la investigación iniciada en Iquique por el traspaso de dineros a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
Cabe destacar que el primer capítulo de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes está vinculado a "no ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia".
Además, acusan al secretario de Estado de "no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023".
En segundo lugar, está "no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023". Y, por otro lado, "haber infringido la Constitución y las Leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa".
En cuarto lugar, el libelo acusatorio menciona la "responsabilidad política por no haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución".
Por último, el quinto capítulo está relacionado a la "infracción de la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento".
Despidos inmediatos y el inicio de exhaustivos sumarios se realizarán al interior de los municipios.
Fue el propio alcalde de Curicó, George Bordachar, quien dio a conocer que el hombre habría consumido sustancias ilícitas.
La iniciativa fue anunciada este viernes por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.