El accidentado viaje de Rojo Edwards y Felipe Kast a Venezuela: Senadores fueron deportados
La delegación de la Cámara Alta chilena es una de las tres invitadas por la oposición para observar las elecciones que no pudieron entrar a ese país.
La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a la misiva firmada por el Grupo de Puebla, en que cuestionan la justicia chilena, expresando su respaldo hacia Marco Enríquez-Ominami, imputado por el caso Soquimich (SQM).
"Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público", afirmó la canciller Antonia Urrejola.
En ese sentido, la secretaria de Estado aclaró que la misiva no afectará la relación con Argentina: "Me parece que estas son situaciones puntuales".
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"Eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta, y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando", aseveró la ministra de Relaciones Exteriores.
Agregando que "obviamente hay diferencias, pero es sobre la improcedencia de las declaraciones de inmiscuirse en el Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público".
"Quiero reiterar que las relaciones bilaterales son mucho más que estos eventos que estamos conversando", sentenció la canciller Antonia Urrejola.
Apoyo a ME-O
Marco Enríquez-Ominami fue respaldado por la organización iberoamericana Grupo de Puebla, en una carta firmada por los mandatarios de Argentina, Colombia, Ecuador, España y otros países.
"En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones", expresaron.
Desde la organización agregaron que hay un complot en contra de ME-O: "Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión".
