Dictamen emitido por la institución pública va a la Corte Suprema, con el fin de que sea anulada la sentencia que desestima el recurso de protección presentado por los propietarios de los inmuebles aledaños al canal El Bollo.
Residentes de la comuna de Las Condes siguen recurriendo a la justicia con el propósito de no ver afectadas la superficie útil de sus propiedades. Esto debido al dictamen de la Contraloría General de la República que modifica el Plan Regulador Comunal y extiende la zona de afectación a utilidad pública en el perímetro cercano al canal el Bollo de 15 a 80 metros, pese a que la Seremi de Vivienda ya había fijado la extensión.
El jueves 26 de enero, la Corte de Apelaciones emitió una sentencia definitiva que desestimaba la acción de protección presentada por los vecinos. Tras esto, acudieron a una nueva instancia en la Corte Suprema el 31 de enero e interpusieron un recurso de apelación para anular el fallo.
Desde la CGR apuntan a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación. Sin embargo, el fallo se contrapone al artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las Seremi de Vivienda.
Síguenos en: 
Según informó Contraloría, esto tendría un efecto retroactivo, es decir, afectarían aquellas edificaciones previas al dictamen, incluso a las que obtuvieron sus permisos de edificación hace más de 30 años. En la actualidad, son más de 1000 las familias que serían afectadas por este dictamen, entre ellos Francisco Concha (60), quien adquirió su departamento hace casi una década para tener mayor cercanía al colegio de su hijo menor, que ya está pronto a salir de cuarto medio. Para la defensa de los vecinos esto contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880, que limita la retroactividad de los actos administrativos.
Asimismo, la amenaza de expropiación, aunque en la materialidad podría ser imposible por el costo que involucraría al Estado, crea un estigma para los propietarios: sus viviendas quedarían “marcadas”, afectando directamente su plusvalía; disminuyendo hasta en un 30% su precio original.
La situación afecta gravemente a la comunidad, tal es el caso de un colegio aledaño al sector, quien tenía la intención de hacer mejoras en sus instalaciones, no pudiendo hacerlas por falta de autorización al encontrarse inserto dentro de la zona de afectación a utilidad pública.
La expectativa de la defensa de los vecinos, en segunda instancia, es que se revoque la sentencia apelada, dejando sin efecto el dictamen de la Contraloría, y que sea la Corte Suprema quien falle a favor de los afectados.
