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Ernesto Llaitul se encuentra recluido desde septiembre del 2022 por delitos de incendio consumado, atentado y dos homicidios frustrados.
El Juzgado de Garantía de los Ángeles revocó la prisión preventiva en contra de Ernesto Llaitul, quien se encuentra imputado por su presunta participación y responsabilidad en un ataque incendiario en el 2021.
Si bien se revocó la medida cautelar contra el hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, deberá permanecer privado de libertas por lo menos hasta el sábado 21 de enero.
Sin embargo la resolución del tribunal está a la espera de la apelación presentada por la Fiscalía y la Delegación Presidencial del Biobío.
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La Corte de Apelaciones de Concepción será la encargada de revisar la apelación presentada por el Fiscal Juan Yáñez relacionada a la medida cautelar y revisar la determinación del Tribunal.
Ernesto Llaitul está recluido junto a dos sujetos más desde el 1 de septiembre de 2022 por un atetando al fundo Punta Arenas en la comuna de Los Ángeles en septiembre de 2021. Siendo acusados en esa oportunidad por los delitos de incendio atentado, incendio consumado y dos homicidios frustrados.
En noviembre de 2022 el Juzgado de Garantía de los Ángeles tomó una decisión semejante y modificó la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Días después de la apelación interpuesta por el Fiscal Michelangelo Bianchi, la Corte de Apelaciones revocó su decisión, por lo que Llaitul permaneció en prisión preventiva hasta la fecha.
El hijo del vocero de la CAM junto a Esteban Henríquez y Ricardo Delgado fueron detenidos en 2022 por el ataque incendiario al fundo Punta Arenas, por lo que fueron formalizados y quedaron con prisión preventiva. Sin embargo, un cuarto implicado solo quedó con firma mensual y arraigo nacional.
Los detenidos permanecieron recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, mismo lugar donde fue ingresado durante el mes de agosto el líder de la CAM, Héctor Llaitul por delitos relacionados a la Ley de Seguridad del Estado.
Según la investigación de la Fiscalía los implicados eran parte de un grupo que se dedica a "planificar y ejecutar actos de reivindicación, usurpaciones y de sabotaje tales como atentados incendiarios a camiones y maquinaria vinculada a la actividad forestal tanto de empresas como de particulares".
