El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a las polémicas tras los indultos otorgados por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, asegurando que "son ajustados de derecho mientras la presunción de legalidad no sea derribada".
En medio de su primera actividad como secretario de Estado aseveró que "los efectos asociados a los indultos son un problema jurídico" y que "cualquier opinión que sobre eso uno tenga tiene que ver con las restricciones formales y jurídicas".
"Desde el punto de vista técnico, los tres dictámenes presentados en Contraloría y los dos anunciados requerimientos llevan a que la discusión de indulto quede hoy día trabada con una discusión estrictamente jurídica", destacó el ministro Luis Cordero.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos por indultos: "Todos esos decretos están fundados"
"Una cosa distinta es si uno comparte o no comparte los fundamentos", aseveró el secretario de Estado.
"Son ajustados a derecho"
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que "las responsabilidades administrativas son resultados de consecuencias jurídicas y mientras esto sea planteado como una discusión jurídica en ese espacio se mantendrá".
"Las responsabilidades disciplinarias es algo que no forma parte de la disucusión fundamentalmetne porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional", aseguró el secretario de Estado.
"En el sistema institucional chileno un acto administrativo legalmente emitido que ha producido sus efectos tiene presunción de legalidad, y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho", sentenció el ministro Luis Cordero.
Siguen los coletazos por los 13 indultos de Gabriel Boric: Contraloría pidió informe a Ministerio de Justicia
El organismo fiscalizador confirmó que se solicitará un informe sobre la situación de los 13 indultados por el mandatario. Desde la UDI se exige anularlos y que los "beneficiados" vuelvan a la cárcel.