• 23 NOV DE 2024

Gobierno anuncia mano dura por paro de camioneros: aplicará ley de Seguridad del Estado

Investigación por cinco delitos de secuestro ocurridos entre el mes de septiembre y octubre del presente año | 17 de Noviembre del 2022 / SANTIAGO El ministro (s) del Interior y Seguridad Pública Manuel Monsalve, junto al director general de la PDI, Sergio Muñoz y al fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, dan cuenta del resultado

"Un grupo de interés no tiene fundamento para alterar el normal funcionamiento del país", apuntó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve

El paro de camioneros se ha extendido por diversas rutas a lo largo de Chile. Hasta el momento se han registrado movilizaciones entre Arica y Paine. Esta situación ha generado complicaciones en el funcionamiento del país, por lo que desde el Gobierno indicaron que pondrán mano dura contra los encargados de estas paralizaciones. Por lo que no se descarta aplicar la ley de Seguridad del Estado.

"No hay fundamento para que siga el paro de camioneros. Menos fundamento hay para quienes que estuvieron sentados en la mesa y alcanzaron un acuerdo, luego desistan del acuerdo como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga", lamentó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve.

Además puntualizó que "como esto afecta la vida de los chilenos, y como lo hemos dichos desde que inició, el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que les da el estado de derecho para proteger el normal funcionamiento del país"


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"Un grupo de interés, al cual el gobierno el gobierno le ha contestado y ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamento para alterar el normal funcionamiento del país (...) Si eso implica utilizar la ley de seguridad del estado, el gobierno la va a usar", sentenció el ministro en el congreso.

¿En qué consiste ley de Seguridad del Estado?

La ley de Seguridad del Estado contempla dos dimensiones diferentes: una es sobre los delitos que amenazan la seguridad del Estado, y la otra apunta a las conductas que atentan contra el orden público según indica la Biblioteca del Congreso Nacional

Además se detalla que por este tipo de actos que ponen en riesgo el funcionamiento del país se pueden recibir penas de hasta 10 años de cárcel efectiva. Cabe consignar que este medida fue promulgada en 1958 por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, y luego se modificó por el régimen militar en 1975.