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"La decisión del tribunal de garantía que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva al amparado Héctor Llaitul Catrillanca, cumple cabalmente con las exigencias legales de fundamentación", aseveraron.
El 27 de agosto la defensa del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, para exigir la libertad del comunero o que cumpla prisión preventiva en el módulo indígena.
Sin embargo, el recurso de amparo fue rechazado por el tribunal de alzada, por lo que la defensa llevó la solicitud hasta la Corte Suprema.
"La decisión del tribunal de garantía que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva al amparado Héctor Llaitul Catrillanca, cumple cabalmente con las exigencias legales de fundamentación", aseveraron.
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Agregando que "no se advierte en el proceder de la Sra. Juez de Garantía ilegalidad o antijuricidad ninguna que afecte la libertad personal del amparado".
Debido a lo anterior, Héctor Llaitul deberá permanecer en prisión preventiva mientras se investiga su participación en el robo de maderas y la usurpación de terrenos en la Región de La Araucanía.
El 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de amparo presentado a favor del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, quien fue detenido el 24 de agosto.
En ese sentido, la Segunda Sala del máximo tribunal revisó la presentación, donde la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, la abogada penalista Luppy Aguirre, justificó el uso de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra Héctor Llaitul.
Según manifestó Luppy Aguirre, «no es indiferente para el legislador que un sujeto realice o dé un discurso en su vocería de carácter político, a que se incite a la comisión de ilícitos como es el caso».
Agregando que «en esta investigación del Ministerio Público esa incitación a cometer delitos esté concretada a través de las acciones que le son imputadas a quien recurre de amparo».
«Hay aquí una situación en la cual el legislador ha tomado una decisión de perseguir determinadas expresiones que se dan en un contexto en el cual llaman a la comisión de ilícitos al nivel de la posible incitación y eso es justamente lo que el Ministerio Público ha acusado«, destacó la abogada penalista.
Explicando que «en esta etapa procesal nos parece que la Ley de Seguridad del Estado efectivamente abarca los llamamientos que él hace a utilizar métodos violentos para imponer sus pretensiones».
